La captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 22 de febrero de este año, es el logro más importante en materia de seguridad para la administración de Enrique Peña Nieto en lo que comprende su Segundo Informe de Gobierno.

 

Además de ello se puede agregar el énfasis que ha puesto en regresar al país la seguridad, luego que desde el sexenio pasado se dispararan delitos graves como el secuestro, la extorsión y el homicidio.

 

El Gobierno Federal desplegó tres estrategias en Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México. Asimismo ha hecho ajustes como el cambio de mando en la Comisión Nacional de Seguridad, en la que Monte Alejandro Rubido sustituyó a Manuel Modragón y Kalb en marzo de este año.

 

Esta renovación aceleró el proceso de la Gendarmería, que tras distintos cambios se presentó el pasado 22 de agosto.

 

Otro de los ajustes fue la creación de una Coordinación Nacional Antisecuestros, encabezada por Renato Sales Heredia, quien en julio dio a conocer una disminución en el número de casos.

 

Las últimas cifras dadas a conocer por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública revelaron que en lo que va del año se han registrado 9 mil casos de homicidios y 900 secuestros.

 

Pero fuera de las manos de las autoridades han quedado el hallazgo de cuerpos en fosas ilegales, que entre diciembre de 2013 y lo que va del año sumarían alrededor de 200.

 

Además, distintas organizaciones como la ONU, han señalado que México se ha convertido el principal productor de metanfetaminas en el mundo, abastecido por precursores que llegan de China y surtiendo al demandante mercado estadunidense.

 

Michoacán: a siete meses de un rescate ‘parcial’

 

A consecuencia del poderío que el crimen organizado ejercía sobre Michoacán, el 14 de enero pasado el gobierno federal realizó un impresionante despliegue de fuerza pública y recursos a fin de recuperar el territorio y la seguridad en el estado, principalmente en la región de Tierra Caliente donde el cártel de Los Caballeros Templarios mantenía dominio.

 

Siete meses después y con la operación de una comisión federal, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, los resultados se han visto reflejados en la detención de los principales líderes criminales, así como funcionarios públicos acusados de tener vínculos con ellos y de otros delitos, un ex gobernador interino y cinco alcaldes conforman la lista.

 

Aunque la certificación de los grupos de autodefensas como policías rurales ha sido considerada por las autoridades como un logro de la estrategia, la debilidad institucional persistente y los altos índices delictivos a causa de los remanentes del crimen organizado son algunos de los pendientes.

 

Así lo reflejan las 737 personas asesinadas, 110 víctimas de secuestro, y las 259 que fueron extorsionadas durante enero a julio de este año; durante el mismo lapso comparados con 2013, esos delitos incrementaron 41.17% en el caso de los homicidios dolosos y 32.20% las extorsiones; las averiguaciones previas por plagios bajaron en 15% según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Dentro de esa panorámica, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, quien es reconocido como el líder delictivo en el estado, no ha sido detenido pese a los diversos acercamientos de la fuerza pública por inhabilitarlo en los últimos meses.

 

Tamaulipas, contención a medias

 

Una organización delictiva que la PGR dio por extinta en un informe oficial del 2013, desató este año una ola de violencia que empujó al gobierno de Enrique Peña Nieto a un segundo frente de batalla luego de Michoacán. El culpable fue el Cártel del Golfo y el escenario Tamaulipas.

 

La crisis quedó de manifiesto en abril pasado, cuando los enfrentamientos entre criminales en varios puntos del estado, y los ataques contra las fuerzas federales, dejaron un saldo de más de 80 personas muertas.

 

Pero la gota que derramó el vaso fue el 5 de mayo, cuando el recién nombrado jefe de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Salvador de Haro Muñoz, traicionado por una decena de policías estatales, fue acribillado en una emboscada en Ciudad Victoria.

 

Una semana después el gobierno anunció el despliegue del operativo de mayor envergadura hasta ahora en la administración de Peña Nieto. Más de 4 mil 500 efectivos de fuerzas federales y militares, pero además, el envío de fiscales especiales de PGR para que asumieran el control de las investigaciones.

 

A tres meses y medio el gobierno presume la caída de 8 de 14 líderes delictivos en el estado, la contención de los índices criminales y la depuración de cuerpos locales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó además el incremento de la denuncia ciudadana, y dijo que se reforzaría el combate al plagio y extorsión.

 

El reto es grande. El estado fronterizo acumula 1 de cada 4 víctimas de secuestro este año. En el primer semestre sumaron en Tamaulipas 375 homicidios dolosos con más de medio millar de víctimas, una tendencia al alza contraria a la del resto del país. Los enfrentamientos ocurridos aun en agosto en ciudades como Reynosa, evidencia que los criminales continúan bien armados.

 

Dos operativos en Edomex

 

Para enfrentar el aumento en casos de secuestro, homicidio y extorsión, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, pidió apoyo federal. Así, el 31 de marzo se acordó que el gobierno duplicaría el número de elementos de la Policía Federal, de Sedena, Marina y PGR.

 

Las zonas prioritarias eran los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Ecatepec, Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan, donde se había hecho notar la presencia de cárteles de La Familia, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

 

Además se acordó la colocación de 6 mil cámaras de vigilancia en zonas conflictivas; la profesionalización de 2 mil nuevos policías de élite; la inversión de mil 400 millones de pesos para 73 programas sociales y fomentar la denuncia ciudadana.

 

Sin embargo, la disminución de los delitos ha sido mínima, y durante los primeros siete meses del año se registraron mil 144 homicidios dolosos, con una tendencia a la alza en los últimos tres meses; 89 secuestros con una tendencia a la baja en julio.

 

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la Seguridad Pública, en la entidad se registraron 638 extorciones con un promedio mensual de 78 casos, estable durante los últimos tres meses de dicho periodo.

 

El pasado 12 agosto, pese a la puesta en marcha de la estrategia, se vio la necesidad de reforzar 12 municipios de la región sur del estado y Valle de Bravo para inhibir delitos, sobre todo el secuestro.

 

De hecho, ayer 350 elementos de la recién formada Gendarmería fueron enviados a Valle de Braco para reforzar las acciones.