A 10 meses de la devastación causada por el huracán Manuel en Guerrero, y de manera particular en el puerto de Acapulco, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, garantizó que en breve será presentado el informe para identificar a los responsables detrás de la tragedia.
“De ninguna manera se ha dejado de trabajar en el tema”, respondió el funcionario al cuestionarle sobre el informe que según se anunció sería presentado el 20 de octubre pasado.
¿A qué se debió el retraso?
Se trata de un tema delicado que requiere acuciosidad, lo que presenta una dificultad que es que no se quede en un cuento o una narrativa, sino que todo esté ligado minuciosamente y con fundamentos legales que traduzcan esto que pasó en responsabilidades y después se convierta en sanciones.
Sí hemos retrasado la fecha de publicación, pero de ninguna manera se ha dejado de trabajar en el tema.
¿Quedará listo antes de que se cumpla un año de la tragedia?
En términos generales esa es la idea, pero fundamentalmente saldrá cuando se haya cumplido el propósito principal de que cada hecho esté ligado a una responsabilidad con un fundamento legal, para que pueda asegurarse que habrá una sanción.
¿Puede asegurar que no habrá impunidad?
Ninguna autoridad va a quedar impune. Este hecho involucra autoridades de todos los niveles y estoy seguro de que además de haber una llamada de atención general, cosa que ocurrió inmediatamente después de las afectaciones, se va a dejar de manera muy clara cuáles fueron las responsabilidades de cada quien y, lo más importante, cuáles serán las sanciones.
¿Cómo avanza el Plan Nuevo Guerrero?
El Plan nuevo Guerrero está avanzando cada vez más rápido, a pesar de las dificultades que hay en el estado, que es un lugar donde hemos visto que persisten algunas costumbres en las que prevalece la autoridad del más fuerte, por lo que hay gente que puede terminar perdiendo su casa frente a falsas instituciones, lo que nos ha obligado a trabajar mucho más para garantizarles seguridad patrimonial.
¿Cuáles las principales dificultades que han encontrado?
La primera ha sido la disposición de la tierra, ya que las costumbres en el estado hacen que la mayor parte de la gente no sea dueña de sus terrenos. Tuvimos que hacer el proceso de regularizar propiedades al mismo tiempo que íbamos construyendo y, de esta manera, poder entregar una casa y, por primera vez, un título de propiedad. En total se tuvieron que obtener terrenos para más de seis mil viviendas.
El otro aspecto fue sin lugar a dudas las condiciones geográficas. Estamos interviniendo en más de mil 200 localidades diferentes y hay lugares con gran dificultad de acceso. El estado tiene una dispersión de vivienda muy grande.
Sobre la publicación de los Programas de Desarrollo Regional para las tres zonas del país sólo se aprobó un presupuesto de 500 millones para el sur sureste, ¿a qué se debe este hecho?
Es la única que tiene un fondo exclusivamente para proyectos porque es la región más rezagada. A pesar de concentrar la mayoría de los recursos naturales no tiene obras de infraestructura o programas que hayan detonado esa riqueza y que la hayan repartido adecuadamente. Por eso se le otorgó un fondo especial de 500 millones de pesos este año sólo para generar proyectos que incentiven el crecimiento de la región. Esperamos que el próximo año esta estrategia pueda ampliarse a las demás regiones.
¿Cuándo comenzarán a operar en forma estos tres programas?
Ya están operando estos programas. Muchos de los puntos ya están incorporados al Programa Nacional de Infraestructura, como son el tema de ferrocarriles en Yucatán y la carretera que conectará a Oaxaca con Guerrero, son obras que incluso ya están en marcha.
Los programas regionales plantean una ruta y establecen una lista de proyectos que podrían detonar esas zonas, y serán los gobiernos estatales y Federal quienes deban ir priorizando estos proyectos.
¿Y a partir de cuándo bajarán los recursos para poner en marcha los proyectos de cada uno de los programas regionales?
Se tendrá una partida a partir de que se defina el presupuesto para el próximo año. De ésta habrá una parte etiquetada para los proyectos que los estados y la Federación hayan priorizado.
Finalmente, secretario, ¿qué me puede decir de las inquietudes de los campesinos y ejidatarios respecto a las reformas estructurales, particularmente la energética, en el tema de expropiaciones y ocupaciones temporales para la explotación de la tierra?
Yo creo que se juntaron dos inquietudes por distintas fuentes: primero se pensaba que el gobierno tenía un proyecto para modificar la propiedad social en función de facilitar el tema de explotar hidrocarburos.
Sin embargo, el supuesto principal es que los dueños de la tierra tengan derecho a participar en la riqueza que está debajo de sus propiedades. Lo que queremos es que la riqueza del país se aproveche cabalmente y no solamente quede en un principio aspiracional de decir que los ejidatarios siguen siendo dueños de sus tierras, porque seguirán siendo pobres.
Lo que trata esta iniciativa es que sobre la riqueza de los hidrocarburos, de la minería o cualquier otro recurso, prevalezca el derecho del dueño de la tierra a tomar parte de esas utilidades, que las tierras les sirvan a quienes pueden explotarlas pero fundamentalmente le dejen una utilidad.