El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) a dos de sus magistrados, Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho, por sentencias irregulares y operaciones financieras sospechosas. Ambos podrían ser llamados a declarar o detenidos en los próximos días.

 

En el caso de Luna Altamirnao, el CJF advierte que pudo haber cometido lavado de dinero con recursos posiblemente provenientes de la delincuencia organizada. Es el tercer delito por el cual es indagado el magistrado, luego de que la SEIDO lo investigaba por delincuencia organizada y delitos contra la administración de justicia.

 

Entre la información hecha pública ayer, la Judicatura destaca que por lo menos en seis juicios penales y en seis procesos de amparo, se encontraron presuntas conductas que denotaron “falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido”.

 

Cabe recordar que varios de esos expedientes terminaron beneficiando a personas cercanas a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cártel del Pacífico.

 

Pero además la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realizó una investigación bancaria, fiscal, patrimonial y de registro de inmuebles del magistrado, que también arrojó múltiples hechos inusuales.

 

En resumen las operaciones sospechosas ascienden dos millones 705 mil 852 pesos distribuidos en 13 transferencias bancarias, 46 depósitos en cheques, 62 en efectivo, y 9 de otro tipo. Además en el caso del movimiento de otros ocho millones 469 mil pesos, se desconoce el beneficiario y origen de ese dinero.

 

Asimismo se detectó la supuesta donación de una vivienda a la hija del magistrado por un valor de casi cinco millones de pesos, sin que esto fuera declarado patrimonialmente, lo que el CJF considera como una posible operación simulad apara lavar dinero de origen ilícito.

 

En el caso del magistrado Figueroa Cacho, la indagatoria del CJF arrojó posibles delitos por operaciones bancarias sospechosas con empresas supuestamente dedicadas a la compra de joyas y metales en Jalisco. Las irregularidades superarían los diez millones de pesos que no están respaldados patrimonialmente.