El gobierno ha decidido dar un paso más para fortalecer al sindicato magisterial.

 

Lo ha hecho en silencio y ha pasado desapercibido para muchos.

 

Actor fundamental fue Juan Díaz de la Torre, quien protestó por el trato directo de Gobernación con la CNTE.

 

La defensa pública fue prudente, pero en privado defendió a su SNTE como único titular del contrato colectivo de trabajo.

 

Lo escucharon los secretarios de Gobernación y Educación Pública, Miguel Ángel Osorio Chong y Emilio Chuayffet Chemor, y por supuesto enteraron a su jefe presidencial, Enrique Peña Nieto.

 

Así regresó la negociación única.

 

Díaz de la Torre y comité fueron los únicos representantes del acaso millón y medio de maestros y empleados administrativos de la SEP.

 

Con una acotación: los miembros de la CNTE están formalmente integrados al sindicato y los beneficios se dan a unos y otros, a institucionales y disidentes, a educadores cumplidos y a paristas empedernidos.

 

Los dirigentes sindicales creen haber fortalecido la unidad gremial y a sus buenas noticias se sumó la reintegración del magisterio de Quintana Roo, quienes permanecieron fuera de su control durante seis años.

 

PROBLEMAS MAGISTERIALES POR EL CRIMEN

 

Pese a acuerdos e intereses comunes, hay problemas por resolver.

 

Ahora mismo, el equipo de Juan Díaz de la Torre tiene dificultades derivadas de la crisis de inseguridad porque muchos maestros han sido cooptados por la delincuencia organizada.

 

En lugares de alta criminalidad -Tamaulipas y Michoacán son mano- se han detectado casos de educadores forzados a distribuir droga, a permitir su venta o mínimo a fingir indiferencia.

 

El Cisen ha aportado otros datos de mayor gravedad, como la participación de personal educativo en la guerrilla en el sur de México.

 

Por si eso fuera poco, otro tema pendiente para las autoridades de Tamaulipas y el SNTE es cómo actuar ante los tres maestros detenidos por no actuar en actos de violencia en escuelas.

 

La historia es pública:

 

La trabajadora social Zulema Yaneth Marroquín Olvera, la prefecta Lizbeth Berenice Guerra Álvarez y el bibliotecario Arturo Galaviz Hernández fueron detenidos y sometidos a proceso por no defender a Héctor Alejandro Méndez, de 12 años, en la Secundaria 7 de Ciudad Victoria.

 

Una profesora vio “y no hizo nada” para evitar el lanzamiento del niño contra una pared, cuyo traumatismo craneoencefálico le causó la muerte.

 

El asunto crecerá, pues ya interviene la CNDH de Raúl Plascencia y seguramente, en busca de votos para su reelección, hará escándalo y pervertirá el proceso.

 

Lo más grave será la impunidad de los infanticidas porque, al ser menores de edad, la ley estatal no prevé ni detención ni cárcel ni castigo.

 

CESE DE FALTISTAS Y MENOS COMISIONADOS

 

He aquí otros dos retos pendientes:

 

1.- Hacer efectivas las sanciones contra los maestros faltistas.

 

Y 2.- aclarar las plazas de los aproximadamente 69 mil profesores con plazas dudosas o comisionados.

 

Lo primero se cumplirá estrictamente de acuerdo con la ley, me dijo ayer el secretario Emilio Chuayffet Chemor.

 

Y respecto a lo segundo, el sindicato no cobijará a ninguno de sus miembros sin tareas plenamente justificadas, me declaró Juan Díaz de la Torre.

 

Ese es el acuerdo tomado con el secretario y con los gobernadores de los estados, quienes han sido acusados de ocultar información sobre el número de comisionados.

 

Según Díaz de la Torre, la cifra real es muy inferior a los más de 30 mil acreditados por distintas encuestas.

 

-No deben llegar a 100 por sección.

 

Hay 61 secciones y la última en constituirse, otro fruto de la buena relación del gobierno federal con el SNTE de Díaz de la Torre, es la 60 para agrupar al personal del IPN.

 

Su reconocimiento legal lo dio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 25 de febrero pasado.