El Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia de hechos ante la PGR en contra de dos magistrados, un juez, y un secretario de acuerdos presuntamente involucrados en una red de protección a favor de propietarios de casinos y casas de apuestas al norte del país.

 

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Federación como resultado de las investigaciones administrativas que realizó el CJF en contra de los servidores públicos, así como de las denuncias públicas que se han hecho a través de diversos medios de comunicación.

 

La Judicatura federal consideró que había elementos para interponer la denuncia en contra de los empleados del Poder Judicial Federal por posibles actos constitutivos de delitos.

 

Pidió que de llegarse a confirmar su responsabilidad en los delitos que se le imputan, se les castigue como servidores públicos, y no como ciudadanos comunes, ya que tenían una importante responsabilidad sobre ellos, que era la impartición de justicia.

 

“Asimismo, (el CJF) expresa su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia”, sentenció el órgano.

 

Están siendo investigados penalmente para deslindar responsabilidades los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas; así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos-, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.

 

“Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 116, 117, 118 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que según diversas notas periodísticas se involucra la participación de los mencionados funcionarios públicos en posibles actos ilícitos”, informó el CJF.

 

El Consejo continúa con las investigaciones administrativas para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido los servidores públicos denunciados, así como otros que se han visto involucrados.

 

Estos son los primeros funcionarios federales que son denunciados de manera oficial ante el MP de la federación, aunque aún faltan otros servidores públicos que fueron separados de sus cargos y estaban siendo investigados, se trataba de dos magistrados, tres jueces, cuatro oficiales secretarios, y un secretario técnico del CJF.

 

Ante la complejidad del asunto, el Poder Judicial creó una comisión especial, la cual con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revisarán la evolución patrimonial de los funcionarios judiciales involucrados.

 

A los empleados judiciales se les vincula con Juan José Rojas Cardona, conocido como el “Zar de los Casinos”, quien creó una red de protección al interior del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de conseguir amparos que le facilitaran la operación de sus casas de juegos y apuestas.

 

De enero a la fecha las investigaciones realizadas por el CJF y sus órganos internos se lograron recabar elementos suficientes para iniciar procedimiento disciplinario de oficio y ahora penal, en contra de magistrados, jueces, secretarios por sus fallos a favor de los propietarios de casinos al norte del país.

 

De acuerdo con las investigaciones los funcionarios federales aplicaron criterios parciales al momento de juzgar elementos de prueba presentado por la parte afectada, en este caso propietarios de bienes inmuebles, y con ello favorecer a los duelos de casinos en Torreón.

 

Ante las reiteradas quejas y denuncias sobre el desempeño de los funcionarios públicos involucrados se procedió a la separación del cargo de los involucrados para iniciar las pesquisas, posteriormente se ratificó su suspensión, aunque no se han concluido con la investigación interna, y de ser necesario dar parte de las autoridades competentes por alguna responsabilidad del orden penal.

 

Piden pasar a jueces por el polígrafo

 

Tras argumentar que no hay razón para que los jueces no sean sometidos a procesos de control de confianza, al igual que policías y agentes ministeriales, activistas anunciaron que impulsarán una iniciativa ante el Senado de la República para que en el Poder Judicial Federal también se apliquen procesos de certificación.

 

Lo anterior, luego del escándalo de los últimos días en el Poder Judicial, derivado de la investigación por una presunta red de protección judicial que logró construir el llamado “Zar de los Casinos”, Juan José Rojas Cardona. Ayer, dos magistrados y un juez fueron denunciados en la PGR por este caso.

 

En entrevista con 24 HORAS la presidenta de la organización Alto Al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, indicó que  es necesario reconocer que no todos los jueces por el simple hecho de serlo, están libres de la amenaza de la corrupción.

 

“El poder judicial no debe de estar exento de estar evaluado y certificado y yo lo digo porque no necesariamente todos los jueces pueden estar preparados o no, igual que un ministerio público. Tampoco podemos dar por descalificado que no haya jueces deshonestos. Aunque no es la generalidad si se han dado frecuentemente casos”, señaló.

 

Wallace hizo hincapié en que los exámenes de control de confianza que incluyen pruebas como el polígrafo, se aplican a policías y agentes ministeriales con la finalidad de contar con servidores públicos confiables en el aparato de seguridad y justicia. En ese sentido no hay razón para que los jueces no sean analizados de la misma forma

 

“También creemos que el Consejo de la Judicatura Federal debe ser un órgano independiente que verdaderamente pueda sancionar los actos insanos que pueda tener el poder judicial, y que no sea juez y parte”, dijo Wallace.

 

En el marco del Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, otros activistas como María Elena Morera y Alejandro Martí, también respaldaron la necesidad de que los integrantes del poder judicial puedan ser evaluados.

 

Wallace indicó que ya se platicó con el senador Miguel Barbosa del PRD este tema, y será a través de el con quien se trabaje la iniciativa.

 

Negritos en el arroz

 

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, dijo ayer que los casos de corrupción que se han presentado en el poder judicial son mínimos si se le compara con la dimensión de sentencias y asuntos que llevan todos los jueces. Recordó que tan solo en el DF se dictan por lo menos 700 sentencias al día.

 

“Como ustedes lo dicen, son negritos en el arroz”, señaló Elías Azar. Aun así reiteró que es importante que todos los casos sean investigados y si se comprueban actos irregulares se sancionen.

 

RECIBE PGR DENUNCIA

 

La subprocuradora Mariana Benítez  confirmó ayer que recibieron una denuncia del Consejo de la Judicatura relacionada con la actuación irregular de dos magistrados, un juez y un secretario técnico. Dijo que la denuncia se presentó directamente en la oficina del Procurador y se analizará que área se hace cargo.

 

“La necesaria e indispensable evaluación, equivalente a cualquier otro tipo de control y con igual rigor, es indispensable en el Poder Judicial de la Federación”

Jesús Silva Meza