El Senado de la República aprobó con 113 votos a favor las leyes secundarias de la reforma política, necesarias para que pueda aplicarse la nueva normatividad electoral en las elecciones del próximo año.
Las leyes reglamentarias aprobadas son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley de Medios de Impugnación. Sin embargo, al cierre de está edición aún faltaba por aprobar la Ley General de Partidos Políticos, aunque se preveía que sería avalada a lo largo de la noche al no existir puntos conflictivos entre los partidos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula los procesos y organismos electorales, las candidaturas independientes, el régimen sancionador electoral, además de definir las facultades del Instituto Nacional Electoral. Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos incluirá 97 artículos que regula los topes de financiamiento privado al que tendrán derechos los partidos políticos.
La nueva legislación electoral estableció entre las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral la de proponer a los integrantes de los organismos electorales estatales, así como la capacidad de organizar los procesos electorales locales, esto cuando existan circunstancias o agentes que afecten la paz pública y los principios de imparcialidad o por intromisión gubernamental.
Uno de los principales puntos consiste en que el Consejo General del INE tendrá la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos y las campañas de los candidatos.
Además, se aprobó sancionar a los partidos cuando excedan los topes de campaña; cuando no atiendan los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del INE; cuando realicen anticipadamente actos proselitistas; y cuando contraten tiempo en medios de comunicación de manera irregular; y cuando reciban financiamiento de manera ilegal.
Para los partidos políticos la multa podría ser de hasta diez mil días de salario mínimo vigente, según la gravedad de la falta. Mientras que para los aspirantes, precandidatos o candidatos, la multa será de hasta cinco mil días de salario mínimo, además de que el la precandidato perderá el derecho a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está registrado se cancelará su candidatura.
Serán causas de nulidad de la elección el rebase en el tope de gastos de campaña; el financiamiento con recursos de procedencia ilícita; y la compra de espacios en medios de comunicación con recursos públicos.
Con el objeto de evitar el desvío de recursos gubernamentales y el involucramiento de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, el INE podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para investigar potenciales actos delictivos u operaciones financieras inusuales.
En cuanto al tema del prorrateo, se estableció que, en el caso de campañas federales, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados federales, el porcentaje de los gastos se dividirá. Para efectos de la comprobación de gastos, cada candidato deberá presentar la factura por el importe proporcional y deberá ser registrada en la contabilidad correspondiente.
Otro tema central son los candidatos independientes, estableciéndose las reglas para su participación en los procesos electorales, así como su acceso a medios de comunicación y financiamiento.
Finalmente, en el tema del voto de mexicanos en el extranjero, se establece el voto presencial en embajadas y consulados para elecciones de Presidente, gobernador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y senadores de la República.
Prevén dos periodos extraordinarios más
Las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones y de Energía tendrán que ser analizados y discutidos en periodos extraordinarios separados por el Congreso de la Unión, afirmaron diputados priistas a 24 HORAS.
“Debe haber un periodo extraordinario sólo en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y otro periodo extraordinario para la Energética, pero esa será una decisión que se tome más adelante en la Comisión Permanente”, advirtió Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI).
Aseguró que el espíritu de la reforma en telecomunicaciones es generar una mayor competencia en ese sector y mejorar el acceso a internet “principalmente para la comunidad y que vaya ligada a la propia reforma educativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, que busca equidad en materia educativa”.
“Esperamos sentar las bases reales para que el costo de los servicios baje, con una mejor calidad del servicio, abriendo la competencia. Son parte del ejercicio que en este momento debemos realizar y ese debe ser el objetivo, no podemos variarlo”, declaró.
El también vicecoordinador del PRI en San Lázaro explicó que estas modificaciones legales no tienen otro objetivo que “beneficiar al ciudadano con accesibilidad, mayor calidad y a menor precio. Continuemos con esa tarea, la letra chica no debe permitir que se pretenda contrariar ese objetivo”.
Por su parte, Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión de Energía, adelantó que hay una ruta propuesta sobre la reforma secundaria en materia de energía entre los legisladores y el gobierno federal, por lo que vislumbró la posibilidad de que se formule un dictamen a más tardar el 18 de junio para entrar en un nuevo periodo extraordinario en la semana del 23 al 28 de junio.