Cesáreas innecesarias, la negación de la atención médica y la esterilización forzada constituyen las tres formas de violencia obstétrica más recurrentes, un fenómeno que atrae ya la atención de organismos nacionales e internacionales de salud y derechos humanos.

 

Si bien no existen cifras exactas sobre las mexicanas que han padecido alguna de estas situaciones, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reporta que 15% del total de sus quejas por mala práctica médica fueron en el área de ginecobstetricia. Aunado a lo anterior sus informes señalan que es una de las tres áreas con menos quejas resueltas.

 

“La violencia obstétrica ha sido naturalizada entre el personal médico y obstétrico, así como en la sociedad en su conjunto, incluidas las mismas mujeres que la padecen. La mayoría de las mujeres entrevistadas refirieron que prefieren olvidar las molestias y maltratos del parto y concentrarse en el gozo de la nueva vida presente”, señala el informe “Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en México”, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) el año pasado.

 

El estudio “Operación cesárea, una perspectiva Integral”, del Hospital General Manuel Gea González, señala que este procedimiento responde a una tendencia hacia la práctica de medicina defensiva, es decir, para evitar las demandas judiciales por mal resultado neonatal.

 

Rebeca Ramos Duarte, investigadora jurídica de GIRE, dijo que durante el trabajo de parto se advierte a las mujeres que si algo sale mal en el parto natural será su responsabilidad, con lo cual las obligan a aceptar la cirugía sin haber recibido información clara y precisa. Por ello, cuatro de cada 10 niños mexicanos nacen por cesárea.

 

En los últimos meses los medios de comunicación han documentado ocho casos en los que el personal de salud negó la atención a mujeres embarazadas. El primero de estos, que incluso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue el de Irma, una indígena mazateca que parió en el patio de la clínica.

 

En el caso de las esterilizaciones forzadas, Ramos Duarte señaló que las mujeres indígenas son las más propensas a sufrir este tipo de violencia, bajo el argumento de que ya no deben tener más hijos o como una condición para seguir recibiendo apoyos sociales del gobierno.

 

La investigadora jurídica subrayó que la Normal Oficial Mexicana (NOM) 007 establece los criterios para la atención del embarazo, parto y puerperio (o cuarentena) que el personal médico debe cumplir para evitar cualquier tipo de violencia obstétrica, sin embargo, ésta no se cumple, puntualizó Ramos.

 

LEGISLACIÓN INSUFICIENTE

 

El jueves pasado el Senado aprobó reformas al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar la violencia obstétrica hacia las mujeres, con lo que se podrá sancionar al personal médico que lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y el parto.

 

No obstante, Rebeca Ramos subrayó la necesidad de ver sanciones reales, ya que a la fecha no existe ninguna sentencia contra el personal que ha realizado prácticas indebidas. “¿Cómo le pides a la mujer que vaya y denuncie si no vemos resultados?, cuestionó.

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que va del año sólo ha emitido dos recomendaciones al gobierno de Oaxaca por la negación de atención médica a Irma, la mujer mazateca, y a Alma Ruth, ocurridos en 2013. El resto de los casos no ha tenido una respuesta.

 

En marzo pasado las organizaciones civiles acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la falta de atención a las futuras madres y solicitar un pronunciamiento público del organismo internacional, así como una visita a México para examinar la situación de los servicios de salud.

 

En su más reciente visita, el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, reconoció que las mujeres mexicanas sufren humillaciones por parte del personal médico, al negar la atención a las embarazadas y obligarlas a parir en la calle, lo que también es tortura.

 

En cifras

 

38% es la tasa nacional de cesáreas en México

760 mil niños nacen por esta vía cada año

90% de los menores nace por cirugía en hospitales privados

45% de los nacimientos en el Distrito Federal, Yucatán Tlaxcala, Campeche, Colima y Baja California Sur se dan por cesárea

15% es la tasa de cesáreas recomendada por la OMS

3° lugar ocupa México con más operaciones, sólo después de Argentina y Chile.

30 mil pesos cuesta, en promedio, un parto natural

122 quejas interpuestas ante la CNDH por violencia obstétrica entre 2009 y 2012

Veracruz es el único estado que tipificó la violencia obstétrica

8 casos de mujeres que parieron fuera del centro de salud en los últimos siete meses

2 recomendaciones emitidas por la CNDH este año por negación de la atención médica

8 estados tipificaron la esterilización forzada en su Código Penal

 

FUENTE: Informe Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en México, de GIRE