El consorcio Glorius Earth Group calificó como sesgadas las acusaciones por supuestas prácticas irregulares de negocio en contra de los inversionistas de origen chino que financian y construirán el mega desarrollo turístico Cabo Dorado, en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur.
El consorcio que preside Paul Zhang respondió así a la información publicada en la página 15 de esta sección el pasado 24 de abril, en la que se señala que dos de las tres empresas chinas que pretenden desarrollar el proyecto fueron inhabilitadas desde 2009 por el Banco Mundial, debido a prácticas fraudulentas.
En una carta, el presidente de Glorius Earth Group confirmó la inhabilitación hasta 2015 de varias filiales de las empresas de China State Construction Engineering Corporation por presuntas prácticas fraudulentas, como resultado de una “supuesta investigación” del Banco Mundial.
Sin embargo, el directivo aclaró que el resultado no especificó que “se trató de una controversia relacionada con una licitación para construir una carretera en Filipinas”. Además, acusó que las aclaraciones sobre el caso fueron rechazadas por parte del organismo financiero.
“Las imputaciones del Banco Mundial se refieren a una supuesta práctica de colusión de varias empresas (China State Construction Engineering Corporation y Beijing Sansong International Trade Group) para obtener contratos en procesos de licitación para la construcción de una carretera en Filipinas, hecho que el Ministerio de Comercio del gobierno de China calificó como de poco claro al no haber evidencias ni explicaciones claras sobre cómo se detectó esa presunta irregularidad”.
Señaló incluso que diversas filiales de China State Construction Engineering Corporation han participado por años en grandes proyectos financiados por el Banco Mundial, en diversos países.
En este sentido, el consorcio que planea desarrollar el complejo turístico -que prevé la construcción de 22 mil cuartos en la zona de Cabo Pulmo- manifestó que los inversionistas tanto chinos como estadunidenses tienen la certeza de que el proyecto Cabo Dorado es sustentable, preserva el ambiente y se apega a las leyes locales y nacionales, y las normas de conducta de negocio.
“Es un proyecto sustentable que preserva el ambiente. Esto lo saben los grupos que se oponen y por ello buscan nuevas formas -muy sesgadas- de atacar a través de los diversos medios masivos de comunicación, usando como fuentes las simples búsquedas por internet”.
De acuerdo con el plan, los inversionistas aportarían a Cabo Dorado 3.6 millones de dólares, la creación de unos 18 mil empleos directos e indirectos, con una derrama de 900 millones de dólares. De las tres mil 770.5 hectáreas de la propiedad, 67.7% se destinará como reserva de conservación.
Sin embargo, el proyecto deberá obtener aún la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).