El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la ASF, Alejandro Romero Gudiño, informó que cinco de 48 entes públicos auditados durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2012 concentran la mitad de las irregularidades detectadas.
Al participar en la segunda mesa de análisis de la Cuenta Pública 2012, que llevan a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de ese organismo y la UEC en la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que entre las instituciones con irregularidades figura La Secretaría de Educación Pública (SEP).
También, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Al exponer ante los diputados de esa comisión legislativa, Romero Gudiño precisó que la fiscalización superior practicada a un denominado grupo funcional abarcó la práctica de 120 auditorías a 48 entes públicos y la realización de tres evaluaciones de políticas públicas.
Las evaluaciones se llevaron a cabo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), relativas al nivel medio superior; al Programa de Apoyo Alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Comisión Nacional de Vivienda, indicó.
Explicó que la SEP incumplió con los objetivos del Programa Escuela de Calidad, al no contribuir a mejorar el logro y nivel académico de los estudiantes de educación básica.
Además, se detectó que referente a la formación de maestros de educación básica, no se logró el cumplimiento de los objetivos y las metas del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio.
El funcionario expuso que la SEP también incumplió con el objetivo del Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura, al no contribuir al fortalecimiento y desarrollo de unidades educativas públicas.
Señaló que se identificaron seis denuncias de hechos en el grupo funcional, cuatro de las cuales se promoverán por irregularidades en el Conaculta, una contra la Universidad Autónoma del Estado de México y una más en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Detalló que de los Fideicomisos Administrados y Apoyados para el Desarrollo y Fomento del Deporte, por la Conade, no se transfirieron recursos por 163 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, lo cual generó intereses por 23.2 millones de pesos.
Externó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no aplicó recursos por 145 millones de pesos por concepto de “Apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud por incremento en la demanda de servicios”.
Asimismo, otorgó 124.6 millones de pesos por intervenciones médicas que no contaron con el dictamen de acreditación para su pago.
Con relación a la Secretaría de Salud, indicó que no cumplió con los objetivos del Programa Comunidades Saludables, de fortalecer los determinantes de salud, ya que se apoyó financieramente sólo el equivalente a 5.9 por ciento de la población potencial del programa.
En el IMSS se detectaron pagos a la Universidad Autónoma del Estado de México por 401.5 millones de pesos por concepto de desarrollo, capacitación y servicios del Expediente Clínico Electrónico, que no generaron beneficios ni utilidad en la institución.
También se determinó un déficit en los pasivos laborales del IMSS por 1.9 billones de pesos, los cuales correspondieron a las obligaciones de ese organismo con sus trabajadores con derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
El titular de la Unidad de Evaluación y Control indicó que ni el IMSS ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron la evaluación de riesgos sobre la suficiencia financiera de los seguros relacionados con las pensiones, lo que pone en riesgo el cumplimento de las obligaciones en la materia.
Romero Gudiño explicó que otras entidades que destacaron por sus irregularidades fueron la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Universidad Autónoma del Estado de México.
También, los institutos Politécnico Nacional (IPN), Nacional de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.