Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos Segunda, concluyeron el proceso de comparecencias de los aspirantes a ocupar uno de los siete cargos a comisionados del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai).
Durante ocho días, los legisladores escucharon las propuestas de 147 aspirantes y no 158 como originalmente se tenía contemplado, pues 10 no asistieron a la cita con los integrantes de las Comisiones Unidas y uno de ellos declinó a participar en este proceso
El senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, encargado de dirigir las comparecencias, aseguró que tras esta primera etapa, se buscará entre los candidatos a los mejores perfiles, a fin de que las Comisiones Unidas definan entre el 21 y 24 de abril el dictamen que llevarán al Pleno para designar a los nuevos comisionados del organismo garante de transparencia.
El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, sostuvo que el proceso de comparecencias, sirvió para medir los conocimientos de los aspirantes y revisar sus antecedentes curriculares a fin de garantizar los mejores perfiles para el nuevo órgano garante de la transparencia.
Por su parte Arely Gómez González, secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, señaló que “el objetivo es integrar con los mejores perfiles, el pleno del nuevo Ifai, que tendrán el gran reto de hacer operativa la Reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos”.
En su turno el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reconoció que algunos de los aspirantes responden a militancias partidistas; sin embargo, afirmó que no existe ningún impedimento para que ellos contiendan por un espacio en el instituto.
Ruta legislativa
Una vez que se han realizado las comparecencias de los aspirantes, los senadores deberán elaborar un dictamen que incluya los nombres de los propuestos a comisionados, cuyas postulaciones deberán ser votadas una a una y aprobadas por mayoría calificada. En caso de que el dictamen se vote favorablemente en el Pleno del Senado, la Mesa Directiva deberá enviar al Ejecutivo Federal su resolución, el cual tiene un plazo de 10 días para objetar alguno de los cargos. En caso de no haber objeción, el Senado deberá tomar protesta a los nuevos comisionados.
En la elaboración de dicho dictamen incluirán la opinión de los integrantes del Comité de expertos que acompañó el proceso de audiencias, entre los que destacan, Jaqueline Peschard, otrora comisionada presidenta del IFAI; Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y Eduardo Bojórquez, de Transparencia Mexicana.
Tras la conclusión de esta etapa de selección, Escudero, Encinas y Corral coincidieron en señalar que este ha sido uno de los procesos de selección más importantes y transparentes celebrado en el Congreso, que ha marcado un precedente sobre el método en el que deberían desarrollarse este tipo de prácticas parlamentarias, abiertas a la sociedad.
Transparencia pendiente
En tanto avanza el proceso para la designación de los siete comisionados del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de transparencia, la definición de la reforma constitucional en esta materia, a través de las leyes secundarias, podría concretarse hasta febrero de 2015.
Según se establece en la propia reforma constitucional, los senadores tienen un año para definir temas torales como lo concerniente a las facultades del nuevo organismo para fijar sanciones en materia de acceso a la información y pendiente también está la normatividad para la protección de datos personales.
De modo que una vez que se designe a los comisionados estos deberán operar el nuevo instituto bajo los términos impresos en la reforma constitucional y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente, en tanto el Congreso defina la legislación reglamentaria de los nuevos preceptos constitucionales.