Con 103 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud que, entre otras disposiciones, establecen penas cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo para quien desvíe recursos, numerarios o en especie, asignados al Seguro Popular.
En el contenido del proyecto, aprobado y enviado con modificaciones a la Cámara de Diputados, se establece que los recursos que transfiera el gobierno federal a las entidades federativas, por concepto de cuota social y de aportación solidaria, podrán realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar disponibilidad de medicamentos y demás insumos para los 53 millones de afiliados a este esquema de atención.
El dictamen aprobado señala que en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se emplearon para lo que fueron destinados, las autoridades tendrán la obligación de informarlo para que proceda a su investigación y, en su caso, la sanción correspondiente.
Asimismo, establece como un delito grave el desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos.
Entre las modificaciones hechas por los senadores a la minuta en materia de Seguro Popular destaca la propuesta para que la Secretaría de Salud -como instancia rectora y articuladora del Seguro Popular- deberá tomar en cuenta la opinión de las entidades federativas para la celebración de acuerdos de coordinación en la operación de este sistema de salud.
Al discutir el dictamen, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, reconoció el avance que este proyecto sugiere en materia de la lucha contra la corrupción al interior del sistema de salud; sin embargo, consideró que los avances sólo son en la parte administrativa.
El legislador juzgó oportuno que también se legisle en materia de la cobertura que actualmente ofrece el Seguro Popular, que resulta limitada, pues no atiende enfermedades crónicas.
Esta iniciativa fue enviada el 10 de Septiembre de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados, donde se aprobó en octubre pasado. Seis meses más tarde, el Senado de la República sometió el proyecto a análisis y resolvió reenviarlo a San Lázaro con modificaciones.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado de manera constante desvíos millonarios de los recursos que son transferidos a las entidades a través del Seguro Popular. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 se detectaron dos mil 361 millones de pesos cuyo destino no se comprobó y mil 95 millones de pesos que fueron destinados a programas distintos al Seguro Popular. En lo que concierne al ejercicio de 2012, el órgano fiscalizador detectó desvíos de fondos asignados para la compra de equipo médico.