El desvío de recursos del Seguro Popular se incorporó como uno de los delitos considerados en la Ley General de Salud, con penas de dos a siete años de prisión, según el borrador de la iniciativa de reformas enviado a la Cofemer.
El documento que tras su revisión regulatoria se prevé sea remitido a la Cámara de Diputado establece diversas modificaciones a la ley, en particular sobre la operación del Sistema de Protección de Social en Salud (Seguro Popular) que actualmente atiende a más de 50 millones de mexicanos no afiliados a instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE.
De la propuesta destaca que el desvío de fondos se penará con hasta siete años de cárcel, además de multas de mil a 500 días de salario a cualquier persona que desvíe fondos del Seguro hacia fines diferentes a los que fueron transferidos. Esto, aunado a las sanciones administrativas que establece las leyes Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos y General de Contabilidad Gubernamental.
Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ya había anticipado sobre las reformas legales que se presentarían ante el para fortalecer jurídicamente la estructura administrativa del Seguro Popular en las entidades federativas.
En reiteradas ocasiones la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos millonarios de los recursos que son transferidos a las entidades. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 de la Auditoría Superior de la Federación se detectaron dos mil 361 millones de pesos cuyo destino no comprobaron y mil 95 millones de pesos que fueron destinados a programas distintos al Seguro Popular.
Recientemente se informó que en el caso de Tabasco donde unos mil 800 recursos del programa social se habrían usado para la construcción de carreteras y adquisición de patrullas, lo que dejó una deuda millonaria en el pago de hospitales, médicos y fármacos.
La operación del Seguro Popular fue aprobada en abril de 2003. Actualmente cuenta con 53.7 millones de personas afiliadas y 67 mil 746 millones de pesos de presupuesto para este año.
En la argumentación de la iniciativa enviada por la Secretaría de Salud a la Cofemer el martes pasado se indica que con la entrada en vigor del Seguro Popular a partir de enero de 2004, el gasto público en salud aumentó 155% en términos absolutos entre 2000 y 2009, al pasar de 142 mil millones de pesos a más de 362 mil millones.
Dicho monto pasó de representar 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) a 3.1%, “por lo que es necesario que la ley asegure que el recurso se destine oportunamente a los servicios de salud y que sea manejable con absoluta transparencia en beneficio de la población usuaria”.
SOBREPRECIOS Y DESABASTO
La iniciativa modifica además la política de medicamentos del Sistema de Protección Social en Salud al establecer la posibilidad de que las transferencias federales a los estados sean en especie para garantizar que la población cuente con medicamentos e insumos suficientes.
Según Gabriel O’Shea existe un grave problema desabasto. El surtimiento de recetas, ha dicho, es de 60% a 70%, aunque en algunas entidades el nivel baja hasta 50%.
Aunado a lo anterior, la ASF ha detectado compras con sobreprecios. Por ejemplo, la revisión a la cuenta pública de 2009 encontró que se pagaron tarifas 48% por arriba de las establecidas para el sector público, aunado a variaciones entre lo que paga un estado y otro por el mismo producto.
DATOS
Mil 95 mdp fueron usados en programas distintos al Seguro Popular en 2011 por los estados
La Secretaría de Salud asumirá la compra de medicamentos para los estados