Los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, solicitaron -a través de un documento enviado al senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado- la revisión de 16 puntos incluidos en el paquete de iniciativas de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En documento que incluye la firma de los comisionados Gabriel Contreras Saldívar, Fernando Borjón Figueroa, Ernesto Estrada González, Adriana Labardini, Elena Estavillo Flores, Germán Fromow y Adolfo Cuevas Teja, plantea la modificación, entre otros puntos, al esquema de sanciones propuesto en la iniciativa del Ejecutivo Federal, particularmente en lo que se refiere a la revocación de concesiones, acción que los comisionados del IFT consideraron “podría afectar seriamente el interés público”.
La Iniciativa enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, establece en el artículo 301 del Capítulo sobre “Sanciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión” que las concesiones y las autorizaciones se podrán revocar de manera inmediata cuando: no se inicie la prestación de servicios en los plazos establecidos; por incumplimiento de las obligaciones o condiciones establecidas en las concesiones; negarse a interconectar a otros concesionarios; no enterar a la Tesorería de la Federación las contraprestaciones o los derechos establecidos a favor del Gobierno Federal; no cumplir con las obligaciones por el otorgamiento de la concesión; cambiar la ubicación de la estación de radiodifusión sin autorización; cambiar las bandas de frecuencia asignadas y cuando los agentes preponderantes se beneficien de la regla de gratuidad.
En ese sentido el IFT advirtió que en el caso de estas infracciones cuya única sanción posible es la revocación, es importante introducir un proceso en el cual se apliquen previamente multas que pudieran ser cuantiosas de acuerdo con la gravedad de la infracción, y no el retiro de la concesión de manera inmediata que actualmente se propone.
“Una revocación en estos sectores puede afectar seriamente el interés público al dejar sin algún servicio relevante a la población”, se imprime en el documento enviado por los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los comisionados se refirieron a la necesidad de que la ley refleje claramente los parámetros constitucionales para la determinación de los agentes económicos preponderantes. Asimismo ubicaron en las iniciativas que conserva el Senado, diferencias de opinión sobre la declaratoria de preponderancia y si ésta debe ser por sector o por cada uno de los servicios.
En cuanto a la función del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los comisionados pidieron mayor “flexibilidad” para su Instituto a fin de adecuar el marco regulatorio a la realidad del sector. Se pidió expresamente a los senadores, no establecer medidas “rígidas” de política regulatoria, al considerarlas como una limitante para garantizar la efectividad del marco regulatorio.