El gobierno analizó el rescate de Mexicana de Aviación, pero nunca se tuvo acceso a ver cómo estaban los activos y pasivos de la empresa, ni cómo hacían los gastos los administradores concursales, reveló el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

 

“Desde un principio una de las posibilidades analizadas por el presidente Peña Nieto fue que se diera un rescate de la aerolínea, pero no fue así por no tener un solo dato de cómo estaba en el dinero, no sabíamos cuántos eran los pasivos ni activos”, mencionó.

 

“Habrá que ver qué marcan las auditorías, las cuales serán practicadas de manera rápida, porque tienen que ser sobre puntos muy específicos para determinar las responsabilidades en la quiebra”, enfatizó.

 

Los activos y pasivos de la compañía se conocerán, después de que se terminen las auditorías, adelantó Navarrete Prida.

 

Si me preguntan: “¿Cuántos aviones quedan? Les diría cero…”, dijo el titular de la STPS.

 

Agregó que la Secretaría del Trabajo nunca tuvo acceso a ver cómo estaban los activos y pasivos de la empresa ni cómo se hacían los gastos los administradores concursales.

 

Navarrete Priva añadió que a lo largo del concurso mercantil se buscó salvaguardar el derecho de los trabajadores, por lo que se les pidió a todos los acreedores que entraran en una disposición y dejarán libre el mayor número de recursos líquidos y números negros.

 

Todo el peso de la ley

 

Navarrete Prida aseguró que no habrá una cacería de brujas por la quiebra de Mexicana de Aviación, pero sí aplicarán medidas penales, civiles y administrativas en caso de encontrarse un delito o infracción en contra de empresarios y ex funcionarios.

 

“No tiene intención el gobierno de la República de hacer cacería de brujas, pero sí tiene toda la convicción de que si alguien cometió un delito o una infracción, pues tiene que enfrentar procesos en los distintos ámbitos”, manifestó el funcionario durante la presentación del Comité Técnico de Mexicana integrado por los secretarios generales de los sindicatos, quienes se encargarán de vender el Taller de Mantenimiento (MRO) y nueve aviones.

 

“Desde luego la decisión del presidente Enrique Peña Nieto es que en México prevalezca el Estado de Derecho”, afirmó el responsable de la agenda laboral en el país.

 

“En casos delicados que han sido del escrutinio de la opinión pública si hay responsabilidades de carácter civil y penal se diluciden y se resuelven independientemente si son empresarios, funcionarios, o personas con responsabilidades sobre situaciones que dañaron a la sociedad”, señaló el ex procurador General de Justicia del Estado de México.

 

La convicción del gobierno de Peña Nieto no se demuestra con palabras, sin con hechos, declaró el defensor de los trabajadores.

 

Azcárraga, en la mira

 

Una de las primeras personas en encontrársele un delito cometido contra de la aerolínea bandera es Gastón Azcárraga Andrade, ex presidente del Consejo de Administración de Grupo Pasadas y ex dueño de la firma.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) giró desde febrero una orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero hasta el momento no ha sido capturado, y lo único que se sabe es que interpuso un amparo desde la clandestinidad.

 

La aerolínea estuvo en tierra desde 28 de agosto de 2010 hasta el viernes 4 de abril de 2014, día en que fue declarada en quiebra, por “un evento de fuerza mayor”, el cual sus dueños no explicaron en qué consiste ni de qué se trata.

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desconoce el motivo de suspensión de las operaciones de la aerolínea, además, la dependencia advierte que no autorizó la salida de la empresa del mercado aéreo mexicano.

 

“Secuestro judicial”

 

Los acreedores mayoritarios de la aerolínea Banorte, Bancomext y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cedieron los derechos de cobro a un fideicomiso, el cual capitalizará al MRO y dará nueve aviones para el pago de liquidaciones.

 

Los aviones llevan más de tres años siete meses que no realizan un vuelo, mientras el MRO facturó en 2013 cerca de 35 millones de dólares.

 

El fondo del fideicomiso ya cuenta con el MRO, que tiene un valor estimado de 100 millones de dólares, y se incrementará con los recursos que se obtengan de la venta de los nueve aviones que pertenecieron a Mexicana.

 

“No sabemos sin alcanzarán los recursos económicos, se buscarán todas las alternativas para entregarles una liquidación en los montos máximos”, expuso el secretario del Trabajo.

 

El funcionario precisó que ya se tiene un dominio sobre los aviones, porque anteriormente estaban bajo una figura conocida como “secuestro judicial”.

 

Bajo esas “condiciones no eran para los trabajadores, porque había demandas de los acreedores. En el hoyo de la quiebra se hubiera ido el dinero y creo que hubiera sido lo más perjudicial en todo sentido para todos los trabajadores”, concluyó.