El gobierno de Estados Unidos gastó millones de dólares para crear una red social destinada a provocar cambio político en Cuba.

 

El proyecto ZunZuneo nació y se gestionó a través de empresas pantalla y servidores informáticos en tres países pagados desde las Islas Caimán, reveló una investigación de The Associated Press.

 

La red de comunicaciones fue diseñada para socavar el gobierno comunista de la isla.

 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hizo todo lo posible para ocultar la participación del gobierno en el proyecto.

 

“No se mencionará en lo absoluto la participación del gobierno de Estados Unidos”, dice un informe de Mobile Accord, una de las empresas contratistas.

 

“Es totalmente crucial para el éxito a largo plazo del servicio y garantizar el cumplimiento de la Misión”. (Misión aparece con mayúscula en el documento original en inglés).

 

En su mejor momento, ZunZuneo, el llamado “Twitter cubano”, llegó a tener 40 mil suscriptores en la isla.

 

ZunZuneo comenzó en 2009 después de conseguir medio millón de teléfonos de la isla gracias a una fuente vinculada a la telefónica estatal Cubacel.

 

El proyecto recopiló información demográfica de cubanos sin su consentimiento y los puso en riesgo potencial frente al régimen cubano y su censura de la Internet.

 

Duró dos años y atrajo a decenas de miles de suscriptores, evadiendo las fuertes restricciones a la web a través de una plataforma primitiva de medios sociales.

 

En primer lugar, la red se volvería popular entre los jóvenes en Cuba; luego el plan era para empujarlos hacia la disidencia.

 

Sin embargo, sus usuarios nunca supieron que el proyecto fue creado por una agencia de Estados Unidos vinculada al Departamento de Estado, ni que los contratistas estadounidenses estaban reuniendo datos personales sobre ellos con la esperanza de que algún día esa información fuera utilizada con propósitos políticos.

 

Funcionarios de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, declinaron decir quién aprobó el programa o si la Casa Blanca conocía de su existencia. El gobierno cubano también se abstuvo a comentar sobre el caso.

 

No está claro si el proyecto es legal bajo las leyes estadounidenses, que exigen autorización por escrito del Presidente y una notificación al Congreso para adelantar cualquier operación secreta. El gobierno cubano también se abstuvo a comentar sobre el asunto.

 

AP creo un interactivo sobre esta investigación, si bien no se puede replicar tal cual aquí se puede navegar

 

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