El ex director de Interpol, un juez de Distrito, la familia de un abogado y ex funcionario ministerial, un ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y un ex gobernador, integran la lista de personas que, hasta ahora, han presentado denuncias en contra la ex procuradora y actual cónsul en Milán, Marisela Morales Ibáñez y su círculo de ex colaboradores.
Las acusaciones se centran en lo mismo: manipulación de testigos protegidos, declaraciones ilegales o fabricadas, acusaciones sin fundamento, maltratos y torturas.
¿El resultado hasta ahora de las averiguaciones? Ninguno. Algunos expedientes se han enviado al archivo y otros siguen en integración.
De acuerdo con las fuentes consultadas, hasta ahora Morales sólo ha rendido dos declaraciones por escrito sobre los señalamientos que se han hecho en su contra. La funcionaria continúa con su función de cónsul en Italia.
Las denuncias comenzaron en 2012, cuando Morales aún era titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Una de ellas fue la del abogado y ex funcionario de la misma dependencia Gerardo Ortega Maya, quien acusó que fue torturado para que declarara en contra de varios generales que querían ser vinculados con el crimen organizado por Morales y otros militares que colaboraban con ella en SEIDO.
La averiguación fue canalizada a la Visitaduría General de la PGR, pero el 31 de diciembre del 2012, ya en la actual administración, el expediente fue enviado al archivo sin castigo para nadie. Ortega Maya sigue preso acusado por una testigo protegido que, además, falseó su identidad.
En 2013, con la liberación de varias personas de la llamada “Operación Limpieza”, sostenida con testigos colaboradores, se fueron acumulando las acusaciones contra Morales.
Uno de los señalamientos más contundentes fue del juez Mauricio Fernández de la Mora, titular del juzgado Primero de Distrito de Nayarit, que no solo absolvió a Noé Ramírez Mandujano luego de cuatro años de prisión, sino que dio vista al procurador Jesús Murillo Karam para que se iniciara la averiguación correspondiente.
Y es que el juez identificó, entre otros, “fabricación de pruebas”, “integración de declaraciones ministeriales” y “falta de probidad de testigos protegidos”. En particular destacó al testigo con clave Jennifer, usado en este y muchos casos más, el cual mintió de forma premeditada en sus señalamientos.
Autoridades de la PGR indicaron en su momento que se abriría la averiguación correspondiente pues así lo obligaba la notificación del juez, pero no se conoce hasta ahora de algún resultado.
También durante el 2013 el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presentó tres denuncias en contra de la administración de Morales en PGR. En dos de ellas acusó directamente a Morales de revelación de secretos y del uso de testigos protegidos como Jennifer o Pitufo cuyos señalamientos son falsos.
Ex mandos contraatacan
Este año ya se presentaron dos nuevas denuncias en contra de Morales Ibáñez, esta vez de ex mandos federales que estuvieron encarcelados más de cuatro años durante su administración, tras ser acusados también con testigos protegidos.
La primera de ellas fue del ex director de Interpol México, Rodolfo De la Guardia García, quien además cuestionó el que la PGR de Morales haya eximido a delincuentes que se volvieron testigos como Jennifer o María Fernanda, de un proceso penal, cuando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sólo establece beneficios de reducción de penas, no de eliminación de las mismas.
De la Guardia García ya ratificó su denuncia y el expediente se encuentra en integración en la Visitaduría General.
Esta semana también se sumó la acusación del ex comisionado de la PFP Javier Herrera Valles, quien presentó su denuncia contra Morales y dos funcionarios más por el uso de testigos que calificó como “inducidos”.