Si de consuelo puede servir a la sociedad y a la opinión pública, el presidente Enrique Peña Nieto prometió que el fraude en Oceanografía será investigado a fondo. “Yo creo que las áreas que tienen responsabilidad del gobierno están dando seguimiento e informando a la opinión pública de las investigaciones y de las acciones que están tomando para esclarecer el tema”, dijo.

 

Pues estaban en esas –informando-, pero seguramente por motivos muy poderosos el director de Pemex y el procurador General de la República “metieron reversa” y declararon como “reservada y confidencial” la información del caso Oceanografía, con el clásico argumento: “para no entorpecer las investigaciones que realiza la PGR”. Seguramente cuando le dijeron al presidente que el costo de la reserva y la confidencialidad sería enorme porque cabía la reflexión de suponer -solamente suponer- que los implicados en el fraude son peces gordos, tiburones que nadaron y todavía nadan a sus anchas en los mares del sector privado, de la administración pública y de la llamada clase política, decidió girar instrucciones para que se investigue a fondo el asunto.

 

Cualquiera podría pensar entonces que la promesa del presidente significa que van a investigar a todos los funcionarios, tanto del actual gobierno como de los sexenios que gobernó el PAN, para tratar de descubrir quién o quiénes hicieron los “chanchullos”, de cuánto fue “el moche” y todo aquello que quiere saber la sociedad y la opinión pública. ¿Saldrán a relucir los nombres de Francisco Gil Díaz, Juan José Suárez Coppel, Germán Martínez Cázares (“el tapadera” en la secretaría de la Función Pública), César Nava, la seño Martha y sus hijitos e incluso el del presidente de “las manos limpias”?, preguntan los bisoños. Bueno, esos personajes ya fueron mencionados en distintos medios, responden los observadores. Lo que habría que esperar es qué les van a hacer. Bueno, vamos a ver si realmente llegan al fondo del asunto o nada más lo ven por encimita. Los incrédulos apuestan por esto último.

 

Por su parte, expertos en la materia preguntan: ¿Por qué el cambio de 180 grados con Oceanografía, cuando el año pasado todavía era “querida” y “apapachada”? Respuestas podría haber varias, pero tal vez la más contundente, políticamente hablando, es que como el PRI, el PAN y el PRD habían firmado el Pacto por México, pues seguramente alguien ordenó que a Oceanografía no la tocaran; síganle dando contratitos, pero en cuanto arranque el 2014 empezamos a exhibir la inmundicia y a dar los nombres de la “banda petrolera”, pudo haber sido la instrucción.

 

Casualmente, otros asuntos espeluznantes de la administración “calderonista” están saliendo a la luz.

 

AGENDA PREVIA

 

La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, Alejandra Barrales, se anticipó desde el fin de semana a externar su preocupación porque no todas las decisiones adoptadas el viernes pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fomentan la competencia. Basta un botón de muestra: El órgano regulador notificó a América Móvil (Telmex-Telcel) como agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones. En la misma conferencia de prensa en la que explicó estas medidas, confirmó que seguía investigando la poco transparente relación Telmex-Dish, pero sin comprometerse a entregar cuentas de dicha indagación.

 

El problema con el IFT es que por un lado aprieta, pero por el otro es muy complaciente con el consorcio telefónico. Resulta contradictorio declarar a esa empresa preponderante, al tiempo que -en razón de su tardanza para investigar- Telmex se sigue beneficiando, al margen de la norma constitucional, de la regla de gratuidad en la retransmisión de las señales de televisión abierta de la que goza ahora junto con Dish.

 

A ver cuánto tiempo se tardan, pero no se puede olvidar que la sanción por ese posible beneficio indebido puede implicar hasta la revocación de la concesión para los involucrados. Ojalá que el IFT, aprecie la importancia de armonizar su actuación con las disposiciones de ley y con la realidad de la industria.