Las pifias del sexenio pasado no verán pronto el fin.

 

A los escándalos de corrupción y de inteligencia se suma la manipulación de la justicia y la persecución política de adversarios.

 

Las presiones a los jueces están documentadas por la CIDH, como informó ayer a detalle 24 Horas.

 

En cuanto a acciones contra opositores políticos hay un sesgo poco conocido.

 

El gobierno actual ha sido informado de cómo se gestionaron ante las autoridades estadunidenses distintas acciones con el apoyo del aparato diplomático de Felipe Calderón.

 

Se empeñó en recuperar Ciudad Juárez, para lo cual instrumentó un aparatoso operativo de seguridad pública y de combate al crimen.

 

Acaso con intenciones electorales, consiguió de Washington la exclusión de Juárez como lugar de expulsión de indocumentados mexicanos y centroamericanos.

 

En su lugar propuso puntos fronterizos de Tamaulipas, hecho por el cual protestó el entonces gobernador Eugenio Hernández y pidió llevar los lugares adentro de la República mexicana.

 

No lo consiguió, pero esos deportados contribuyeron al crimen y agravaron la fama de Tamaulipas como el peor lugar para vivir.

 

SERVICIO DIPLOMÁTICO Y TESTIGOS PROTEGIDOS

 

Otro paso fue dar validez a los testigos protegidos de Estados Unidos.

 

En esto fue fundamental el servicio diplomático: la canciller Patricia Espinosa y su directora jurídica Sandra Elisa Hernández, en coordinación con la procuradora Marisela Morales.

 

También su asesor Roberto Canseco Gómez, hermano de Jaime Canseco Gómez y quien llegó a secretario de Gobierno con Eugenio Hernández.

 

Era el vehículo informativo con el calderonismo, como descubrió tardíamente el gobernador.

 

Al tablero se sumaron cónsules: Armando Ortiz en San Antonio, Luis Malpica en Houston, Rodolfo Quintalán en Browsville.

 

Complemento fueron el agregado regional de la PGR para Estados Unidos, con sede en San Antonio, Kepler Barrón, y Víctor Corzo, hijo de un subprocurador con Vicente Fox.

 

Autoridades y abogados han armado este entramado con una conclusión: bajo su coordinación fue posible crear un cuerpo de testigos protegidos -Ángeles, Oscar, Pitufo, Yeraldin, Rufino- para perseguir a los ex gobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

 

Hoy sólo Yarrington está en problemas legales y es prófugo de la justicia, pero pronto habrá noticias suyas.

 

EL PLEITO PÚBLICO POR LA SUCESIÓN EN DURANGO

 

1.- La detención del ex alcalde de Durango, Adán Soria Ramírez, soltó los demonios.

 

Soria Ramírez es el candidato del ex gobernador y senador Ismael Hernández Deras para suceder a Jorge Herrera en 2016.

 

A la aprehensión, promovida por un particular debido a un fraude, siguió la declaratoria de guerra contra Ismael por el Congreso estatal y la petición de investigación al ex mandatario y de su hermano Alfredo Hernández Deras, recientemente levantado.

 

El pleito ya es público y apenas empieza.

 

2.- La imagen del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se disparó con su decisión de revertir el aumento a la tarifa del transporte público -lo bajó de siete a seis pesos- porque los empresarios no cumplieron.

 

La condición era mejorar el servicio y las unidades; al no hacerlo, Sandoval también canceló algunas concesiones y el servicio lo presta la empresa estatal.

 

El gobernador está decidido a tomar nuevas acciones porque, declaró, “se ha agotado la paciencia”.

 

No se tiene memoria de una decisión similar a la de Aristóteles.

 

3.- En Chiapas el gobernador Manuel Velasco firmó un acuerdo con el embajador de la Unión Europea, Andrew Standley, para impulsar proyectos productivos en 15 municipios.

 

Con seis millones de euros se pretende hacer partícipes a las comunidades en el desarrollo sostenido sustentable.

 

Y 4.- ninguno de los cuatro consejeros del IFE estará en la lista para presidir a su sucedáneo, el INE.

 

Al quedar fuera Marván, Nacif, Baños y Córdova, aumentan las posibilidades de otros prospectos: Néstor Vargas, Marcela Gómez, Arturo Sánchez, Arturo Bolio, Jacinto Silva.