El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó de su cargo a un juez de Distrito y tres secretarios para investigarlos sobre su responsabilidad en la concesión de amparos para casas de apuestas.

 

Durante la sesión del pleno del CJF se determinó separar del servicio público  sin goce de sueldo a Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González, hasta en tanto se resuelva el mismo.

 

El órgano colegiado ordenó una  serie de actuaciones requiriendo información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las áreas de Contraloría, así como de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF, para indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de los citados servidores públicos, a fin de obtener datos pormenorizados acerca de los beneficios ilícitos que pudieron haber obtenido.

 

La decisión de la Judicatura se basa en  las diversas quejas presentadas contra el juzgador por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales por y definitivas la vía del amparo a casas de apuestas.

 

Por ello, el CJF ordenó la práctica de una visita extraordinaria de inspección al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en el estado de Nuevo León.

 

Como resultado de esa actuación, se obtuvieron datos relevantes sobre las posibles irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo que otorgó Barbosa Alanís, junto  con sus secretarios.

 

El resultado de estas investigaciones condujo al Pleno del CJF a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los citados servidores públicos y a suspenderlos sin goce de percepciones, hasta en tanto se resuelva el mismo y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

 

Esto de manera independiente de que se les puedan fincar responsabilidades penales derivadas de su actuación.

 

La Judicatura Federal  reiteró a la sociedad que cuenta con los elementos técnicos y recursos  institucionales para garantizar una justicia federal cuyo único compromiso sea con la Constitución y la ciudadanía con base en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su obligación de velar por el acatamiento de los principios de justicia, transparencia, profesionalismo y excelencia en el desempeño judicial.