Con 445 “socios” en distintos países, entre personas y empresas, que encubren sus actividades y ganancias ilegales, el Cártel de Sinaloa es la organización criminal internacional con la mayor red operativa y financiera identificada hasta ahora por el gobierno de Estados Unidos.
Por lo menos 1 de cada 3 personas, compañías y organizaciones identificadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como cómplices de mafias y grupos criminales, trabaja o colabora para el cártel que dirige Joaquín El Chapo Guzmán y sus aliados.
La llamada “lista negra” de la OFAC tiene poco más de mil 300 registros. Las personas físicas o morales incluidas en dicha lista son sancionadas con el congelamiento de sus cuentas y se prohíbe realizar negocios con ellos.
De dicho listado, 203 individuos y 242 empresas u organizaciones están al servicio del Cártel de Sinaloa. Ahí se encuentran parques acuáticos, laboratorios, farmacias, compañías mineras, un autódromo, constructoras, ganaderías, supermercados, hoteles, hospitales, empresas áreas… y hasta una juguetería.
En algunos casos se trata de personas agrupadas en células creadas especialmente para encubrir los negocios ilícitos del cártel, y en otros casos son organizaciones delictivas independientes pero que colaboran con El Chapo Guzmán a cambio de un beneficio.
México, Honduras, Guatemala, Colombia, Belice, Panamá, Uruguay, España, Estados Unidos y Ecuador son algunos de los países en los que se han identificado a los socios del Cártel de Sinaloa y que, se presume, han movido cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Un común denominador es que algunas de estas células están constituidas por integrantes de una misma familia, quienes figuran como prestanombres para la apertura de las empresas que son utilizadas para encubrir actividades delictivas.
Aunque varios de estos “socios” no están sometidos a un proceso penal, para el Departamento del Tesoro hay evidencia suficiente de que colaboran con los narcotraficantes mexicanos y por lo tanto ha prohibido cualquier tipo de relación legal o comercial con ellos, en un intento por estrangular el flujo de recursos al cártel.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron a 24 HORAS que las designaciones que ha hecho el Departamento del Tesoro son tomadas en cuenta en las líneas de investigación abiertas en contra del grupo delictivo.
En México, como en Estados Unidos, se presume que las 445 personas y empresas identificadas, son apenas una parte de la red de colaboradores del cártel que se extiende a varios países. 24 HORAS publicó la semana pasada que las alianzas de la organización alcanzan a mafias chinas, italianas y africanas, entre otras.
Negocio familiar
En diciembre del 2007, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó una red de financiamiento del Cártel de Sinaloa, la cual estaba compuesta por lo menos por 23 personas y 19 empresas, encabezada por Blanca Margarita Cázares Salazar, alias La Emperatriz.
En este como en muchos casos que se descubrirían posteriormente estaban involucrados integrantes de una misma familia así como parientes políticos.
La OFAC describió a esta célula como una “compleja red de negocios que opera en varios estados de México como Jalisco, Sinaloa, Baja California y Michoacán”, y que son una “fachada” para lavar dinero de operaciones ilícitas.
Los giros van desde boutiques de joyería con 30 sucursales, hasta inmobiliarias, restaurantes, casas de cambio, comercializadoras e incluso una juguetería llamado Toys Factory SA de CV.
Otro caso que destaca es el del grupo delictivo de origen colombiano liderado por la familia Cifuentes Villa, el cual, además de apoyar las actividades de El Chapo en ese país, lavaba recursos ilícitos del cártel a través de 44 empresas en diversos países sudamericanos.
Esta red incluía empresas fachada como Líneas Aéreas Andinas, con sede en Ecuador, o la escuela de buceo Dolphin Dive School en Cartagena, o los parques temáticos Indio Hacienda-Hotel, en Medellín.
También se han identificado socios del cártel mucho más cercanos a los grandes capos, como una red de seis gasolineras en Jalisco designadas por la OFAC en julio del 2012 y vinculadas directamente con familiares de Juan José Esparragoza, alias El Azul.
Socios en América
Entre las designaciones hechas por la OFAC, se identifican a seis organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica y Colombia, que si bien son independientes, forman parte de la red transnacional de apoyo operativo y financiero que ha logrado construir el Cártel de Sinaloa.
Se trata de los grupos Los Cachiros y Handal Pérez que operan en Honduras; los Chacon Rossell y Lorenzana Lima en Guatemala; el grupo que lidera John Angel Zabaneh, en Belice, y la familia Cifuentes Villa en Colombia.
Todos ellos, a través de prestanombres y empresas reales o fantasma, brindan apoyo financiero a los narcotraficantes mexicanos.
Algunas empresas fachada… y curiosas
Escuela de buceo Dolphin Dive School (Cartagena, Colombia)
Fundación Salva La Selva (Bogotá, Colombia)
Sorteos Bingoton Millonario (Ciudad de Guatemala, Guatemala)
Cantina La Numero Uno (México DF)
Autódromo Culiacán Race Park (Sinaloa, México)
Subastarán autos de Guzmán Loera
Una subasta será el destino de la mayoría de los 43 vehículos que fueron asegurados por las fuerzas federales en los operativos aplicados en febrero contra del Cártel de Sinaloa en Culiacán y otros municipios, y que en conjunto superan los 21 millones de pesos.
La Procuraduría General de la República (PGR) indicó que sólo uno de los vehículos cuenta con reporte de robo, por lo que se cree que el resto fue adquirido de forma legal a través de prestanombres, aunque no se descarta que alguno fuera introducido a través del mercado negro al país, en específico las unidades de mayor lujo.
Llama la atención un Mclaren SLR Reentech, un auto súper exclusivo, desarrollado y modificado a partir de modelos más austeros de Mercedes. Su motor de 8 cilindros le brinda un poder de más de 750 caballos de fuerza. En México se tiene registro de no más de diez autos de este tipo.
En los próximos meses los vehículos asegurados podrían ser reclamados por sus compradores, si estos demuestran la adquisición legal. En la PGR estiman poco probable que esto ocurra dado, que los recursos con los que se adquirieron estas unidades provendrían del narcotráfico.
Sería a finales de este año o en 2015 cuando se realice la subasta de estos vehículos a través del Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE). La convocatoria será pública.
“Pensamos que podría alcanzarse cifras record en la subasta de estos vehículos no solo por los modelos exclusivos, sino por el hecho de que podrían pertenecer a El Capo y por eso hay quien paga más”, dijo un funcionario federal a este diario.