WASHINGTON. El cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, utiliza empresas fachada en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, reportó ayer al Congreso el Departamento de Justicia.

 

La jefa de la Sección de Decomisos y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia, Jennifer Shasky, señaló que se trata de uno de los métodos usados por organizaciones criminales transnacionales para penetrar el sistema financiero estadunidense.

 

“Agencias policiales de Estados Unidos creen que el cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas de México, usa empresas fachada en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas”, dijo ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.

 

El Departamento del Tesoro colocó el mes pasado en la lista de cabecillas del narcotráfico a dos mexicanos y a un colombiano vinculados con Guzmán Loera, al que calificó como “el narco más poderoso del mundo”.

 

Los presuntos narcos mexicanos son Óscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benítez, de Culiacán, Sinaloa, así como el colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Óscar es hermano de otro presunto cabecilla de la organización, de nombre Alfredo.

 

Se trató de la cuarta ocasión en el último año que OFAC ha focalizado y expuesto el apoyo a las estructuras de la organización liderada por El Chapo Guzmán.

 

En septiembre pasado, OFAC sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández, identificado como coordinador del trasiego de dinero en efectivo El Chapo.

 

Vázquez Hernández fue encausado por el gobierno estadunidense en una corte del Distrito Norte de Illinois en agosto de 2009, por acusaciones de conspirar para traficar drogas, como parte del proceso contra El Chapo y contra Ismael El Mayo Zambada García.

 

Desde 2001, Guzmán Loera fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.

 

Cae red de contrabando

 

Alrededor de 20 personas, entre ellas jóvenes amas de casa que compraron fusiles de asalto en armerías de Texas, fueron acusadas de participar en una presunta red de contrabando de armas para los cárteles de la droga en México, dijeron autoridades federales el miércoles.

 

Se decomisaron más de 200 armas, incluso fusiles automáticos AK-47 y para francotirador.

 

Muchas están acusadas de ser compradores falsos; es decir, personas sin antecedentes penales que compran legítimamente armas de un vendedor con licencia y seguidamente entregan las armas a contrabandistas.

 

La operación Rápido y Furioso se convirtió en un escándalo cuando la Oficina para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés) le perdió a pista a miles de armas, dos de las cuales estuvieron más adelante en un tiroteo en Arizona en el que un agente fronterizo estadounidense resultó muerto. (Notimex, AP)