Oceanografía, una empresa de Amado Yáñez Osuna acusado por un presunto fraude relacionado con cuentas por cobrar a cargo de Petróleos Mexicanos, estuvo envuelta en accidentes en plataformas y barcos en el Golfo de México durante la administración de Felipe Calderón.

 

“El 23 de octubre de 2007, debido a condiciones climatológicas adversas en la Sonda de Campeche, el equipo de perforación autoelevable Usumacinta golpeó el pozo Kab-101, causando una fuga de aceite y gas”, según la Memoria de labores de 2007 de la paraestatal.

 

“Esta fuga provocó la evacuación del personal y lamentablemente, durante ésta, a causa de las condiciones climatológicas adversas, 22 trabajadores fallecieron”, revela el documento.

 

Oceanografía no tuvo relación directa con el incidente, dado que la plataforma Usumacinta era propiedad de Perforadora Central. La compañía de Yáñez Osuna ganó beneficiada en una licitación por un monto de 351 millones de pesos, para realizar la inspección estructural de plataformas marinas ubicadas en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, con vigencia desde el 8 octubre de 2007 a diciembre de 2010.

 

Además, el 11 octubre de ese mismo año la lancha de pasaje Seba’an, de Oceanografía, naufragó por su mal estado en la Sonda de Campeche. Llevaba 176 personas a bordo; una murió y dos desaparecieron.

 

“Banamex informó a la CNBV sobre la existencia de un presunto fraude relacionado con cuentas por cobrar a cargo de Petróleos Mexicanos, registradas en el programa de financiamiento a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V”, informó por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

La dependencia a cargo de Luis Videgaray Caso dijo que en consecuencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició inspección puntual y abrió una visita de investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras.

 

“De acuerdo con lo revelado públicamente por el banco, el monto aproximado del presunto fraude representaría un impacto negativo neto de alrededor del 2% de su capital contable, por lo que el banco mantiene un nivel de capitalización adecuado”, expuso Hacienda.

 

“Sin perjuicio de lo anterior, la CNBV, conforme a su mandato institucional, actuará con diligencia y oportunidad para detectar, en su caso, posibles delitos financieros y proceder conforme a derecho y continuará trabajando en coordinación con las autoridades judiciales y administrativas”, agregó.

 

En 1968, Amado Yáñez Correa fundó la firma Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV.

 

El objetivo principal fue proporcionar servicios de Ingeniería aplicables a proyectos y construcción de obras marítimas petroleras.

 

Los primeros trabajos consistieron en realizar estudios de geofísica y geotecnia previos al tendido de ductos submarinos en las zonas de Poza Rica y Tuxpan en el estado de Veracruz, México.

 

Con el correr de los años los servicios se encausaron a las actividades de la industria petrolera para la explotación y mantenimiento de los yacimientos en el mar principalmente en la Sonda de Campeche.

 

En 1990 cambia su razón social a Oceanografía, SA de CV y su centro de operación está basado en Ciudad del Carmen, Campeche. México.

 

En 2007, Cuauhtémoc Velasco Oliva, entonces vicecoordinador de Energía y Desarrollo de Convergencia, denunció que la Procuraduría General de la República encubre a los responsables del accidente ocurrido el 23 de octubre de ese año en la plataforma petrolera Usumacinta.

 

El ex legislador subrayó que al negar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el acceso a los resultados de los peritajes, la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo entorpece las investigaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino que pretende que el desastre que tuvo lugar hace más de 10 meses en la Sonda de Campeche se sume a la larga cadena de casos de impunidad que prevalecen en el país.

 

Con esta actitud, aseguró Velasco Oliva, el procurador Eduardo Medina Mora hace caso omiso al exhorto de la Comisión Permanente, del 23 de julio de este año, para que colabore con la CNDH y le otorgue la información necesaria sobre los hechos ocurridos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex)

 

Además, dijo, la PGR impide a la CNDH tener acceso a otros expedientes requeridos por la Comisión, en torno a constantes denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos, a la vida, integridad personal y a la justicia de las personas que allí laboran, cometidas por las compañías contratistas de Pemex.