Hoy se cumplen ocho años del accidente en la mina Pasta de Conchos en Coahuila que dejó como saldo la muerte de 65 mineros, la mayoría de los cuales continúan sepultados, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que técnicamente es posible la reapertura de la mina y rescate de los cuerpos.
En noviembre pasado el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes dijo a 24 HORAS que tras las primeras revisiones en la zona se determinó que existían condiciones para la reapertura de la mina, y sólo habría que esperar a que los peritajes correspondientes permitieran delimitar los requerimientos de seguridad necesarios.
Sin embargo, autoridades federales confirmaron a este diario que la intervención del equipo de peritos extranjeros en la mina de carbón no se ha podido materializar debido a que se interpuso una demanda de amparo en contra de esta acción.
La semana pasada el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Coahuila, Heriberto Fuentes Canales, señaló a medios locales que dicha demanda fue presentada por la empresa Minera México, propietaria de la mina referida, y la cual sostiene que no existen condiciones para efectuar operaciones.
El año pasado fue el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida quien solicitó formalmente a la PGR, a petición de los familiares de las víctimas, que se analizara la procedencia del rescate.
La Procuraduría resolvió que se realizara un nuevo peritaje y reabrir el expediente de la averiguación previa, que en su momento fue cerrado durante la pasada administración. En un informe entregado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno federal aceptó intentar el rescate en la mina.
Los peritajes que no se han podido completar en la mina también son necesarios para que la Procuraduría pueda estudiar posibles responsabilidades y omisiones que se hayan cometido en la investigación de la tragedia ocurrida el 19 de febrero del 2006.
“El problema es que la empresa (Minera México) ha interpuesto muchos recursos legales y juicios de amparo para evitar que esta determinación de la autoridad (de reingresar a la mina) se lleve a cabo. La decisión está en los jueces; la pretensión del gobierno federal es realizar el peritaje y de la defensa de la empresa que esto no ocurra”, declaró Navarrete Prida el viernes pasado.
En la PGR indicaron que no es posible determinar una fecha precisa para que pueda consumarse el peritaje pues dependen del proceso judicial por el amparo presentado.
MÁS DE CIEN MUERTOS MÁS
Luego de la tragedia en Pasta de Conchos, 105 trabajadores mineros más han muerto en las minas de arrastre conocidas como “pocitos de carbón”, las cuales operan sin la seguridad necesaria, reveló ayer la organización Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). Lo anterior debido a una deficiente regulación.
Carlos Rodríguez, representante de Cereal, dijo que la regulación que se hizo de la explotación de los pocitos en la Ley Federal del Trabajo es una “simulación”, pues sólo se estableció una limitante de profundidad en lugar de que prohibiera en definitiva esta actividad.