Ante la opacidad del Estado por combatir a la red de traficantes que ofertan bases de datos, el grupo parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados se pronunció por castigar con mayor severidad este tipo de delincuencia.
María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora parlamentaria, propuso imponer multas de 200 a mil días de salario mínimo, de manera independientemente a las sanciones penales en las que incurren los infractores.
Recordó que las bases de datos con las que se comercian contienen datos personales que ponen vulnerables a los ciudadano, ya que incluyen “nombre del titular, domicilio, ocupación y números telefónicos”.
“El Estado debe actuar, con todo rigor y energía, en contra de cualquier acto que vulnere el derecho a la intimidad, pues el quebrando de este derecho implica la infracción de otros derechos humanos como son el de libertad, igualdad y seguridad”, resaltó.
Al proponer un punto de acuerdo este martes al pleno dl recinto parlamentario, resaltó que se tiene que reformar los artículos 8º y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de fortalecer al órgano regulador del sistema financiero en materia de transparencia y acceso
“Se tiene conocimiento de la venta de datos personales y del padrón electoral en el mercado negro vía internet. Esto se convertido en una red de traficantes que ofertan bases de datos que contienen información de usuarios, que son titulares de números de cuentas de las instituciones bancarias, así como de las Administradoras de Fondos para el Retiro, y de las compañías telefónicas que operan en el país”, añadió.