Las personas con discapacidad tendrán garantía del Estado para integrarse en el sistema educativo, laboral, deportivo, social y de salud, sin discriminación alguna tras las modificaciones de la Ley General para la Inclusión que aprobó el pleno de la Cámara de Diputados.

 

Para ello, se modificó el Artículo II que define el término “educación inclusiva” y establece que su objetivo es la de integrar a personas con discapacidad y personas con aptitudes sobresalientes al Sistema Educativo Nacional.

 

Según el documento modificado, “se realizará a través de la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, adecuados a sus condiciones, con equidad social y perspectiva de género”.

 

De tal forma, los tres niveles de gobierno deberán adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales para dar cumplimiento y plena vigencia a la Ley.

 

También dispone que la administración pública pondrá atención a los casos de las personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.

 

El Poder Ejecutivo obtiene la facultad de incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad.

 

Mientras que la Administración Pública pondrá atención a los casos de las personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.

 

La Secretaría de Salud deberá promover el derecho a que gocen del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, contemplándolas como usuarias en los programas generales de salud y garantizando el derecho a la salud.

 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantizará su inclusión al sistema educativo nacional, a través de programas institucionales y atención a alumnos con discapacidad.

 

El dictamen, que se turna al Senado, fue avalado por unanimidad, con 379 votos a favor, y surge de iniciativas presentadas por los diputados Genaro Carreño Muro (PAN), Denisse Ugalde Alegría (PRI), Ricardo Monreal Ávila (MC), María de la Paloma Villaseñor Vargas (PRI) y María Ramírez Diez Gutiérrez (PAN).