La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deberá revelar el número de viviendas en el país construidas en zonas de riesgo que las hace vulnerables a los desastres naturales como los ocurridos en septiembre pasado por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”.

 

Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que además instruyó a la Sedatu indicar el porcentaje que representan dichas viviendas respecto del total nacional y su distribución por estado de la República.

 

Esto luego de que la dependencia federal, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, respondió a un particular que no contaba con atribuciones para realizar un diagnóstico, estudio o censo de viviendas establecidas en zonas de riesgo.

 

A su vez, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo dijo no contar con lo solicitado, por lo que pidió al Comité de Información declarar la inexistencia, instancia que procedió en consecuencia.

 

Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada Sigrid Arzt, que consideró que la Sedatu sí cuenta con un Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos.

 

Por ello ordenó a la dependencia federal una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas que resulten competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, y entregue al particular la información, en los términos en que obre en sus archivos.

 

En sus dos primeros años de operación el programa apoyó la elaboración de 176 Atlas de Riesgos municipales y 41 obras de mitigación de riesgos, alcanzando una cobertura de 147 municipios en 2011 y 53 en 2012, y focalizándose de manera adecuada en los municipios de alto y muy alto riesgo, que representaron 63% y 47% del total de municipios atendidos, respectivamente.

 

Asimismo, de enero a junio de 2013, se autorizaron 47.4 millones de pesos para la elaboración de 47 atlas de riesgos; así como 1 estudio especial para la identificación, evaluación, análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgos derivados de un atlas.

 

En ese mismo periodo, y con el fin de evitar la ocupación de suelo en zonas de riesgo, por medio del citado programa, se beneficiaron a 52 municipios ubicados en Baja California Sur, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán.

 

Además, en las evaluaciones del programa, se hace referencia a una Relación de Municipios con Riesgo Global en la que se muestran aquéllos con un índice alto y muy alto.