Una reforma al campo que legalice el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) con fines de venta, por parte de empresas multinacionales, pondría en riesgo no sólo la salud humana, también la actividad campesina y de paso las cerca de 60 razas nativas de maíz que hay en el país, considerado centro de origen de esta semilla, asegura el doctor Antonio Turrent Fernández, experto en el tema y presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

 

Para el ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Chapingo, reconocido en 2009 como investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores, no es necesaria una reforma de este tipo.

 

Porque, a su parecer, permitir el cultivo de transgénicos con fines de comercialización, entregaría el campo a las multinacionales —como Monsanto o Bayer— pues éstas tendrían la facilidad de producir y vender sus propias semillas transgénicas, que se traduciría en la quiebra de pequeños productores mexicanos, cuyas semillas normales o criollas se contaminarían y tendrían que pagar la patente a las empresas.

 

El seis de enero, en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, el presidente Enrique Peña Nieto prometió impulsar este año una reforma estructural para el campo que modifique el marco jurídico del sistema agropecuario y, como con la iniciativa energética, echó mano del argumento de aumentar la “competitividad” y de “poner al día” el sector para impulsar el desarrollo del país.

 

Dos días después el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García, confirmó a este diario que la reforma anunciada por Peña Nieto plantea la implementación del cultivo de semillas genéticamente modificadas, un tema que cambió la relación de la sociedad con la bioética, pues cada vez hay más organizaciones sociales y ambientalistas que se oponen a esta medida.

 

Sin embargo, contrario a este argumento, Turrent Fernández, también investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), dependiente de la Sagarpa, señala que más que detonar el cultivo de transgénicos para impulsar el campo, es necesario aumentar los apoyos gubernamentales para que se cultive en tierras de alta calidad agrícola y cita como ejemplo la región sur-sureste del país, donde se puede obtener, bajo riego, un rendimiento de 8 toneladas por hectárea y así una producción de maíz no transgénico de tres millones de toneladas al año adicionales.

 

“El gran error que tenemos es no invertir en el campo, es el principal error. De fondo, si el presidente (Peña Nieto) quiere resolver ese problema (del rezago en el campo), tiene que decidir invertir al nivel de nuestros competidores” más cercanos como Estados Unidos, sugiere el doctor Turrent Fernández en entrevista con 24 HORAS desde su oficina en el INIFAP, en Texcoco, Estado de México.

 

Con estadísticas en mano lamenta que de acuerdo con un reporte de 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es de los países que menos apoyos destinan al campo, con apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012, es decir 8 mil 200 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos, país al que le importamos maíz, invierte 155 mil 400 millones de dólares, que equivalen al 1% de su PIB.

 

(Foto: Roberto Hernández)

 

No sólo eso, si se comparan las inversiones gubernamentales en agricultura de México y Estados Unidos en relación con su disponibilidad de tierra de labor, se encuentra una asimetría significativa que coloca a los productores mexicanos en condiciones de completa desventaja ante sus competidores estadunidenses, que a su vez deriva en la migración de trabajadores mexicanos a los cultivos del sur del vecino del norte.

 

Mismas cifras de la OCDE revelan que en 2012 México, al tener 1 en disponibilidad de tierras de labor, destinó la misma cifra de apoyos agrícolas, mientras que Estados Unidos invirtió casi el triple: 6.9 en disponibilidad de tierra de labor, por 19.7 en apoyos agrícolas, lo cual demuestra que el campo mexicano ha permanecido subutilizado con anuencia del propio gobierno.

 

“En 2011 la factura por importar maíz fue de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, si eso se convierte a pesos son más de 35 mil millones, que uno diría y por qué los estamos mandando a los productores norteamericanos si ese dinero se podría invertir en México y aumentar la producción para lo que necesitamos”, se pregunta el especialista con más de 55 años de experiencia, que a título personal ha impulsado medidas judiciales en contra del aval al cultivo comercial de transgénicos.

 

El pasado 14 de febrero 24 HORAS publicó que organizaciones campesinas agrupadas en el Congreso Agrario Permanente (CAP) desplegarán una estrategia para defender ante legisladores una propuesta de reforma al campo que sea sustentable y excluya el aval al maíz transgénico y por tanto que diga no a los monopolios en el sector.

 

“Si aceptamos que México base su producción de alimentos en transgénicos estaremos vulnerando la soberanía alimentaria del país, debido a que cada ciclo agrícola dependeríamos de las corporaciones transnacionales que producen este paquete tecnológico, que va desde la semilla incluyendo fertilizantes y pesticidas”, apuntó Max Correa, coordinador del CAP, días atrás.

 

En contraste productores adheridos al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y empresas interesadas en aumentar su capital a través del campo mexicano cabildean con el gobierno federal reformas a las leyes de bioseguridad y de bioenergéticos para avanzar hacia la comercialización de organismos genéticamente modificados.

 

Benjamín Grayeb, presidente del CNA, dijo al periodista Juan Luis Ramos de este diario que el anuncio de reforma al campo hecho por Enrique Peña Nieto en Veracruz durante la conmemoración de los 99 años de la Ley Agraria, incluye todas las propuestas hechas por el organismo desde 2012, entre las que sobresale el impulso a los transgénicos.

 

En su documento, el Consejo plantea revisar exhaustivamente las disposiciones de las leyes de bioseguridad y de bioenergéticos “que frenan el desarrollo tecnológico en vez de impulsarlo”; acelerar la emisión de normas que permitan avanzar los organismos genéticamente modificados a la fase comercial con los agricultores, y fomentar la productividad mediante el uso de estas semillas

 

En el debate que se avecina sobre la reforma al campo, más allá de posiciones científicas, se espera que los que están a favor de los transgénicos esgriman argumentos, como el de la CNA, sobre la necesidad de incrementar la producción y hacerlo con semillas transgénicas resistente a heladas, sequías o plagas, a costa de la salud humana.

 

En medio de protestas de campesinos y organizaciones agrarias, conceptos que se escucharon en el debate energético tendrán eco en la discusión de la que se espera sea una de las reformas estructurales más importantes de este año: productividad, competitividad, modernización, soberanía, serán las palabras con las que buscarán vender la iniciativa que no estará exenta de polémica.

 

(Foto: Roberto Hernández)

 

Pero lo cierto, dice Turrent, es que el campo mexicano ha estado subutilizado y durante las últimas dos décadas, a partir de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, “el Estado mexicano ya absolutamente abandonó sus responsabilidades” sobre el sector. Antes de esta liberación del mercado se dio lo que se conoce como “el milagro mexicano”, que era cuando se invertía más al campo y se producía más de lo que la población crecía, añade.

 

Para demostrar que el gobierno abandonó al campo, indica el investigador, hay que recordar “el desmantelamiento de todo el sistema de apoyo al campo que tenía el Estado mexicano como la Productora Nacional de Semillas (Pronase) o la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)”.

 

Da pavor pensar que se hayan quemado esas velas, agrega, pues todo lo central de lo que hacía Conasupo, “ahora está en manos de las multinacionales —nacionales y extranjeras— y ellos aquí no están para lo que hacía Conasupo, ellos están aquí para incrementar su capital”.

 

“Si cambiamos a maíz transgénico no va a aumentar la producción, va a disminuir. Y con el tiempo nos estamos quitando la posibilidad a nosotros, y al mundo, de regresar a una época pretransgénica y no es suficiente con los bancos de germoplasma” que almacenan especies nativas de maíz, alerta Turrent Fernández. “No debemos dejar escapar el genio de la botella”.