MONTEVIDEO. En diálogo con Canal 4 de Montevideo, Mujica afirmó que el Mercosur debe “ajustar lo jurídico” a su realidad para solucionar los problemas internos que impiden que las diferencias entre sus miembros sean resueltas por la institucionalidad del bloque.

 

Uruguay presentó en noviembre una queja ante el Mercosur, compuesto además por Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, luego que el gobierno de Cristina Fernández prohibió el trasbordo de cargas de mercaderías en puertos uruguayos.

 

Montevideo atribuyó la medida a una represalia de Argentina a su decisión de autorizar el incremento en la producción de una planta de celulosa, que en el pasado llevó a ambos países a la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

 

Uruguay aún no obtiene respuesta a su reclamo y el puerto de Montevideo ha tenido millonarias pérdidas económicas. “Muchas veces, la diplomacia presidencial directa tiende a sustituir lo que no funciona y que debería funcionar, que es la diplomacia institucional acordada”, puntualizó Mujica.

 

El presidente uruguayo añadió que el “Mercosur tiene un problema interno, y tiene que revisar, revisarse a sí mismo, qué es lo que sigue vigente y lo que no sigue vigente”.

 

“Tenemos sistemas establecidos jurídicamente para dirimir nuestras diferencias y conflictos que en realidad no funcionan y no podemos aplicar. Sería mejor que nos sinceremos, y si esos mecanismos no sirven, tratemos de construir otros que sean flexibles, que respondan más a la época actual”, añadió.

 

“Lo que no podemos seguir es en una especie de mentira institucional, tenemos una letra pero vamos por otro camino”, agregó.

 

Mujica, de 78 años y que está próximo a ingresar a su último año de mandato, enfatizó que el Mercosur “no puede seguir en una especie de mentira institucional. Tenemos una letra pero vamos por otro camino”, agregó.

En noviembre pasado, Argentina prohibió el transbordo de cargas de mercaderías a los barcos de bandera de su país en puertos uruguayos.

Esa medida fue interpretada por autoridades uruguayas como una represalia por la decisión de la administración de Mujica de autorizar el incremento en la producción de la planta de celulosa de la finlandesa UPM (antes Botnia), ubicada próximo a la frontera entre ambos países, a la que se opuso el Gobierno de Cristina Fernández.

Poco después de la decisión argentina sobre el transbordo de cargas, el Gobierno uruguayo planteó una queja en la interna del Mercosur que aún no tuvo definición.

El tránsito de contenedores con mercancía por el puerto de Montevideo cayó un 43% en los dos últimos meses de 2013 tras las restricciones impuestas por el Gobierno argentino, según datos del Centro de Navegación de Uruguay (Cennave).

El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Mario Bergara, afirmó el viernes que el Gobierno “está preocupado” por las restricciones impuestas por Argentina a sus barcos y que afectan a un sector “muy importante de la economía uruguaya”, si bien confía en poder “revertir” pronto dicha situación, según dijo.