Con el presupuesto aprobado para el 2014, sumarán más de 8 mil millones de pesos los que se han destinado a la reforma penal en México, la cual sigue sin funcionar en la mayoría de los estados y no tiene un sistema oficial para cuantificar avances y resultados.
Esta es la conclusión de una evaluación hecha por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) con una metodología detallada y apoyada en modelos comprobados internacionalmente.
El estudio confirma que el nuevo sistema sólo funciona íntegramente en tres estados, pero también evidencia una problemática más profunda que inicia desde la dificultad de medir lo que se ha hecho y lo que no para implementar el sistema; situación grave si se considera que además se han destinado cantidades millonarias para que pueda arrancar este sistema.
“Es clara la inexistencia de criterios homogéneos y compartidos por las instituciones operadoras a nivel local y federal para medir y dar seguimiento al proceso de implementación y operación del Sistema Acusatorio. La falta de información completa, comparable y actualizada dificulta una toma de decisiones que garantice en mayor medida el uso óptimo de los recursos financieros para apoyar el proceso de implementación”, enfatiza el análisis.
El informe presenta decenas de hallazgos que evidencian situaciones que van desde la falta de transparencia y coordinación, hasta problemas operativos, los programas de implementación que se convierten en letra muerta, la falta de justicia alternativa, entre otros.
Las fallas no sólo conciernen a los estados sino también al gobierno federal, ya que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) han transparentado el trabajo que están haciendo.
Falla avance… y planes
El contexto es crítico. Cuando se aprobó la reforma penal en el 2008 se acordó un plazo de 96 meses (8 años) para que se realizaran adecuaciones que fueran necesarias y se pusiera en marcha. De ese plazo ya transcurrieron 66 meses (5 años y medio) y sólo quedan 30 meses (dos años y medio).
De ahí que resulte preocupante, revela el CIDAC, que en la X Reunión del Consejo de Coordinación de la Reforma, realizada el pasado 24 de junio, se haya acordado “replantear la estrategia de implementación en las entidades”.
El estudio subraya que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec), órgano responsable de operar toda la puesta en marcha de la reforma, debe “hacer pública la información de cualquier cambio de estrategia y los pasos a seguir para la redefinición”, además de aclarar si lo que ha fallado es la estrategia o la ejecución de la misma.
El CIDAC recuerda que, de acuerdo con el seguimiento oficial, sólo Chihuahua, Estado de México y Morelos operan el nuevo sistema totalmente, mientras que parcialmente opera en 13 entidades.
Además, el estudio realizó un “ranking de implementación” del sistema basado en cuatro variables que son ampliamente detalladas en el documento: habilitantes, condicionantes, resultados e impacto. Esto permite evaluar la aplicación a partir de todos los actores involucrados y, sobre todo, la calidad de la misma. Es decir, si se han hecho las cosas y cómo se hicieron.
El resultado es que ningún estado se encuentra en la media del avance que se esperaría. Jalisco, Tlaxcala y Guerrero son las entidades con el avance más pobre.
“Este desfase en la implementación hace suponer una planeación deficiente o incluso nula, pues de haberse realizado cálculos y proyecciones con base en información empírica de calidad muy probablemente habría calendarizaciones más sensatas y reales”, señala en análisis.
Dinero
En ese contexto, el estudio revela que del 2010 al 2013 se destinaron 2 mil 268 millones de pesos para la puesta en marcha del sistema acusatorio en el país y sólo para el 2014 se destinará la cifra récord de 5 mil 900 millones de pesos.
Lo irónico es que 1 de cada 3 pesos de estos recursos se destinaron a las secretarías técnicas responsables de coordinar la implementación en los estados, lo que no ha derivado en una planeación eficiente.
Respecto al resto de los recursos, 25% se ha usado para equipamiento, 21% a capacitación, 12% a reorganización institucional, 12% a infraestructura, 11% en difusión, 9% en tecnologías de la información, entre otros.
Para evaluación y seguimiento, apenas se han asignado 1% de los recursos.
“En cuanto hace a las entidades que han recibido mayores recursos, su distribución parece estar orientada por el avance que han tenido en implementación de la reforma. En ese tenor no es posible generar indicadores de productividad o eficiencia en el uso de los recursos”, subraya el CIDAC.
Dientes para afuera
El análisis sostiene que hay algunos reportes disponibles de los órganos que aplican la reforma a nivel nacional y estatal, con datos de cambios organizacionales, capacitación, programas, entre otros, sin embargo, no es información exhaustiva ni soportada que dé auténtica certeza.
“Se trata más de documentos narrativos y reseñas generales sobre los avances que no entran en detalle sobre las acciones focalizadas de la implementación. Muestra de ello son entidades federativas que han hecho públicos sus planes de implementación integrales, pero no su seguimiento y actualización”, sentencia el CIDAC.
En 11 entidades federativas no hay de plano información para los ciudadanos sobre el proceso ejecución de forma ordenada.
Las fallas en este rubro también son a nivel federal. De acuerdo con el organismo, la Comisión Nacional de Seguridad (antes SSP) no tiene un solo documento que “dé luz” sobre su proceso de implementación de la reforma.
La PGR por su parte, creó en abril del 2012 la Unidad para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio. “Cuatro años después de aprobada la reforma dicha dependencia dio apenas visos de comenzar con el proceso. Pero de ahí a la fecha, no se tiene un plan o información de que están haciendo”, remata el CIDAC.
RANKING
Del CIDAC sobre la aplicación de la reforma (DE 0 A 1000 PUNTOS)
Los de arriba
Chihuahua: 442.5 pts
Nuevo León: 421 pts
Baja California: 368.5 pts
Los de abajo
Jalisco: 111 pts
Tlaxcala: 101.5 pts
Guerrero: 74.5 pts