MADRID. En una decisión que aumentará el conflicto planteado por la demanda separatista del nacionalismo catalán, el gobierno de la comunidad autónoma planteó que se realizará el nueve de noviembre de 2014 un referendo en el que se planteara claramente la opción por la independencia de España.
El gobierno central encabezado por Mariano Rajoy había dicho en numerosas oportunidades que la consulta es ilegal, contraria a la Constitución y a las normas de la Unión Europea. Por lo tanto, advirtió minutos después del anuncio que no permitirá la realización de la consulta. El PP catalán dijo que la decisión en favor de la consulta “solo puede dar lugar a la confrontación social”.
Según lo anunció el líder regional de la Generalitat (gobierno) de Catalunya, Artur Más, el referéndum para el 9 de noviembre constara de dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?, y “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?”.
El formato de la pregunta es similar al que se ha utilizado en la provincia canadiense de Quebec y también del que se realizará en Escocia en septiembre de 2015.
“La fecha como cualquier fecha es muy concreta: 9 de noviembre de 2014”, añadió el presidente regional catalán, recordando el compromiso de que “la consulta se tenía que hacer en 2014”.
Durante el anuncio, acompañaban en la tribuna a Artur Más, jefe de filas del nacionalismo catalán, dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha mantenido la tradición independentista desde la guerra civil, Iniciativa Per Cataluña y CUP.
Estas fuerzas políticas suman 88 diputados, el 64% del total del parlamento catalán de 135 legisladores. Todas las opciones separatistas han firmado una declaración conjunta.
Después del anuncio, que ha tenido un gran impacto en los medios, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que “el Estado garantiza que la consulta no se va a realizar”.
Tanto el Partido Popular, que gobierna en España, el PSOE, principal partido de la oposición, también insistieron en que se oponen a la realización de la consulta. La unión de ambos partidos mayoritarios con la Unión Progreso y Democracia aseguran el rechazo del referéndum en las Cortes.
Un portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso señaló que no puede realizarse un referéndum de este tipo. “Me parece una profunda irresponsabilidad”, afirmó. También recordó que la suspensión de la autonomía catalana es una posibilidad que está contemplada en la Constitución.
Esquerra Republicana anunció que prefería que la pregunta fuera una y directa sobre si el elector consultado aceptaba o rechazaba la independencia.
El vocero del PP catalán, Enric Millo, dijo que la consulta es un despropósito. “Se sabe que esa consulta no se va a celebrar, pero se sigue alentando una ficción. Una expectativa falsa. El cinismo se convertirá en frustración y eso solo puede dar lugar a la confrontación social”.
Mientras, el sentimiento independentista parece seguir creciendo entre la población.
Según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, con una población de 7.5 millones de habitantes, un 48.5% de los encuestados creían que la región debía ser un Estado independiente, un 21.3% apostaban por una federación con España y un 18.6% apoyaban mantener la situación actual.