La Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal equiparará a la capital de México con otros países que también optaron en su momento por regular las manifestaciones populares, por lo que la aprobación de la iniciativa en Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados no es algo nuevo.
La ley en mención considera la disolución de marchas violentas, arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus centros de trabajo, entre otros puntos. Específicamente, la iniciativa propone prohibir a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, e intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen.
Además, prohíbe bloquear las vías primarias de la ciudad, en caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación. Plantea también que los manifestantes informen con 48 horas de antelación a la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF). En caso de prohibirse una manifestación se tendrá la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Este tipo de legislación se encuentra vigente en países del continente americano como Colombia, donde estos actos masivos son regulados por el Código Penal, en el que se específica que quien decida manifestarse debe avisar por escrito 48 horas antes de la movilización y contar con el permiso de las autoridades.
Desde 2011 las leyes colombianas estipulan como delito la obstrucción de vías e infraestructuras de transportes, acciones que se sancionan con castigos que van desde dos hasta cuatro años de prisión y elevadas multas..
Otro ejemplo se dio en febrero de este año, cuando el Consejo de Ministros de Egipto aprobó un proyecto de ley que regula la convocatoria de manifestaciones en lugares públicos y que contiene algunas restricciones. Entre las condiciones para efectuar una movilización pública figura la prohibición de manifestarse a menos de 200 metros de instituciones vitales del Estado y de cubrirse con capuchas, máscaras o pasamontañas.
La normativa egipcia permite a la policía alterar el recorrido de las marchas, prohíbe obstaculizar los intereses del Estado y sanciona a todo quien financia manifestaciones no pacíficas. Esta ley fue avalada y firmada por el presidente interino Adli Mansur, el 24 de noviembre pasado.
En el continente Europeo, en Rusia, también se regularon las protestas, e incluso se llevaron a cabo diversas movilizaciones en contra de esa ley en 2012,. En la administración del presidente Vladimir Putin quien se manifieste en mítines y actos políticos no autorizados incurre en un delito, pues están prohibidos y las sanciones incluyen multas que pueden rebasar los 100 mil pesos mexicanos. Además, dicha ley sanciona a aquellos que formen parte de una manifestación y se cubran el rostro y realicen acciones no autorizadas.
En Estados Unidos, particularmente en Nueva York, también se necesita solicitar permiso a las autoridades locales.
Violan soberanía del DF, afirma Mancera
Luego de que la Cámara de Diputados aprobará en comisiones la Ley para reglamentar las marchas en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera advirtió que solamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene las atribuciones exclusivas para legislar en este tema.
El mandatario capitalino reiteró que primero se debe llevar a cabo un debate sobre los derechos y obligaciones tanto de los manifestantes, como de los capitalinos, más allá de establecer una línea de restricciones y prohibiciones para ejercer la libre manifestación de las ideas.
Señaló que no se puede apoyar una propuesta que va en contra de lo que se plantea en la reforma política del DF, pues lo que se busca es fortalecer la autonomía de la capital del país.
“Esta ley (la de regulación de las marchas) es una muestra absolutamente contraria a ese espíritu, es otra vez ir al Congreso a meterse a regular a la Ciudad de México. Así es que me parece que por eso el Congreso, en este caso concreto, debería revisar exactamente las atribuciones y competencias que le competen”, aseveró.
Adelantó que giró instrucciones a la Consejería Jurídica del gobierno capitalino para que analice una posible acción de inconstitucionalidad o controversia en caso de que la ley avance, pero aclaró que primero se tendrá que esperar a que los diputados federales lo debatan y lo aprueben en el pleno.