El dictamen aprobado en comisiones unidas sobre la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal transgrede derechos fundamentales e inhibe la protesta social, consagrados en la Constitución, señalaron legisladores de izquierda.
Acompañados por integrantes de organizaciones de derechos humanos como Red TDT, Centro Miguel Agustín Pro, Fray Francisco Vitoria, Misión JASS y Article 19 oficina para México y Centro América, manifestaron su rechazo a dicho documento.
En conferencia de prensa la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), señaló que esa ley debe ponerse a consulta popular para conocer el sentir de la población.
Consideró que con esa propuesta se pretende obligar a un gobierno de izquierda, como es el de la ciudad de México, a reprimir las movilizaciones sociales.
A su vez la legisladora perredista Aleida Alavez Ruiz demandó que el dictamen de esa ley se presente al pleno hasta después de que se haya aprobado la reforma política del Distrito Federal.
Al respecto indicó que solicitará a la Mesa Directiva que ese dictamen no se enliste, porque la Cámara de Diputados carece de facultades para legislar en esa materia en el Distrito Federal, como lo establece el Artículo 122 de la Constitución.
Criticó además la andanada de reformas aprobadas para coartar la libre manifestación de los ciudadanos, lo que a su decir presenta al actual gobierno como autoritario e intolerante a las críticas en las calles.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó como un intervencionismo intolerable de la Cámara de Diputados esta “ley de marchas”, pues suplanta de manera ilegal las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El también perredista Carlos Augusto Morales aseguró en su oportunidad que ninguna ley puede vulnerar la manifestación y el libre tránsito de los ciudadanos, por lo cual propuso ir al fondo de las causas que originan las manifestaciones en la ciudad de México.
“Consideramos que ninguna ley puede vulnerar los derechos de libre manifestación y libre tránsito; las propuestas sancionatorias no se pueden sobreponer a las garantías ciudadanas consagradas en la Constitución Política”, afirmó.
Morales López añadió que antes de presentar propuestas para inhibir marchas, “se deben solucionar los problemas sociales que las originan y las traen a la ciudad de México”; por ello adelantó que agotarán todas las instancias legislativas para evitar la aprobación de esa ley.
Su homóloga Karen Quiroga Anguiano señaló que 70 por ciento de las marchas son ocasionadas por movimientos que se desatan en el interior de la República, por lo que pidió que los gobiernos locales investiguen las causas que las originan.
Por el Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Francisco Coronato Rodríguez expuso que con la iniciativa se transgreden flagrantemente derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, “como el relativo al derecho a la manifestación, al de audiencia, al de tránsito y al de asociación”.
Coincidió la diputada petista Loretta Ortiz Ahlf al afirmar que la iniciativa viola la legalidad y el derecho de manifestación, que no se puede vulnerar de manera arbitraria e injustificada; se pueden establecer límites, pero tienen que ser lícitos y objetivos.
El observador Víctor Hugo Carlos, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, consideró que en la iniciativa no se escucharon todas las voces y que se ve a la manifestación no como el ejercicio de un derecho, “sino como un acto a reprimir y a criminalizar, y no desde el ejercicio de las garantías”.
Por esa razón hizo un llamado a no cometer un agravio contra los derechos humanos no sólo para quien vive en la ciudad de México, sino de todas y todos los mexicanos.
Desde ayer la organización no gubernamental Amnistía Internacional también consideró deplorable que se haya aprobado en comisiones la Ley de Manifestaciones para el Distrito Federal, por considerarla atentatoria contra la libertad de expresión y apartarse de los estándares internacionales de derechos humanos.