A un año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, evaluar su desempeño en el área de seguridad solamente por estadísticas sería una visión cortoplacista y poco congruente porque estaríamos dejando fuera la política pública de mediano plazo así como los cambios de enfoque. Por ello, más allá de evaluar estadísticas nos basaremos en las acciones que ha llevado acabo la administración en este año. Sin embargo, el segundo y los años subsecuentes tendrá que ser un gobierno que cumpla con indicadores y es ahí donde no se evaluará la política pública sino la ejecución de la labor gubernamental.
La seguridad pública y seguridad nacional son dos responsabilidades que pertenecen al Estado. En el ámbito de la seguridad pública una acción importante es sumar a la sociedad en las funciones de prevención del delito y en crear una cultura de legalidad pero no se puede delegar esta función en la ciudadanía. En el tema de seguridad pública vemos un gran acierto en fortalecer la Subsecretaría de Prevención del Delito con un mayor dinamismo político, ya que los anteriores titulares habían sido enviados a es área como un castigo, y por lo tanto esta función del Estado de sumar a la sociedad civil estaba en manos de burócratas arrinconados que firmaban autorizaciones presupuestales. En los próximos años esta área tendrá que asegurar una mayor proporción del presupuesto destinado al ámbito de seguridad y también tendrá que ser muy eficiente para que los programas transversales con educación y salud tengan éxito, así como la coordinación con los estados y municipios. En este punto podemos ver que las acciones con el área de salud son nulas. En el debate sobre una legalización de la marihuana la secretaría de salud esta ausente, así como el titular del CONADIC. No hay una encuesta nacional de adicciones y se sigue con el mismo letargo en este sector.
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