El costo de la democracia para los mexicanos es millonario. Ofrecer certidumbre en los comicios y procesos electorales federales ha costado más de 117 mil millones de pesos del erario público en los últimos 13 años.

 

Durante las dos administraciones panistas y en los primeros diez meses de la actual priista, al Instituto Federal Electoral (IFE) se le ha entregado un total de 117 mil 269 millones 966 mil 183 pesos, según los reportes de los Presupuestos de Egresos de la Federación.

 

De los reportes se revela que dicho presupuesto global se ha destinado en mayor medida a sostener los elevados pagos de nómina, principalmente de los consejeros electorales, renta de inmuebles y servicios de las 30 juntas distritales en la República.

 

Por ejemplo, sin contar los organismos electorales en las diversas entidades, para este año sólo entre el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se destinaron 13 mil 190 millones de pesos, autorizados por el Congreso de la Unión.

 

Según el estudio ¿Cuestan demasiado las elecciones en México?, la mayor parte del dinero se consume en “los años propiamente de elección, cuando el IFE entra en tensión y despliega la mayor parte de sus funciones de capacitación y organización electoral”.

 

Agrega que la asignación de los recursos para este organismo autónomo del Estado es cada vez es menor, tomando en cuenta el total de las asignaciones presupuestales de la Federación.

 

“El IFE cuesta cada vez menos; o sea, desempeña su trabajo con una proporción cada vez menor del total de recursos públicos ejercidos en el país. Es de subrayarse que esta tendencia se mantiene y consolida aún después de la reforma electoral de 2007-2008, cuando las atribuciones y obligaciones del IFE se incrementaron de manera significativa”, sostiene el estudio.

 

Ley regula altos salarios

 

Sobre los elevados sueldos destinados a los consejeros electorales, el documento precisa que los salarios no son responsabilidad del IFE y remite a la legislación actual.

 

“Es evidente que se trata de remuneraciones altas, pero a lo largo del debate se ha omitido decir que esos salarios no son determinados por el IFE, sino que están definidos desde la Constitución de la República. Dice el artículo 41 ‘La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte’”, precisa el texto.

 

Ante la posibilidad de crear un nuevo instituto electoral por el Congreso de la Unión a propuesta de partidos de oposición, el pasado 3 de octubre, el académico Luis Carlos Ugalde, descartó que el problema medular sea el instituto en sí, sino el precio que tienen las contiendas en nuestro país.

 

“El problema no es el INE ni los institutos estatales electorales. Crear un instituto puede contribuir a resolver un problema que es el hecho de que los gobernadores efectivamente sí están interfiriendo en algunos estados, el problema de la democracia electoral a nivel federal y estatal se llama dinero”, sostuvo aquella ocasión.