MÉXICO. El costo total de tratar enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad en México asciende a 80 mil millones de pesos (mdp), el cual aumentará a 150 mil millones en 2017, aseveró el diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

 

Al inaugurar la exposición fotográfica “Obesidad y refrescos, el rostro de una epidemia“, el legislador destacó que es necesario promover el auto cuidado de la salud, pues en obesidad de mujeres y consumo individual de refrescos 163.3 litros por persona al año, México ocupa el primer lugar mundial.

 

 

“En unos años el presupuesto para atender enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y diabetes, entre otras relacionadas con sobrepeso y obesidad, no va a alcanzar; habrá desabasto e insuficiencia de infraestructura y recursos humanos para la salud”, advirtió.

 

 

En un comunicado, el legislador priista propuso que de aprobarse un impuesto para los refrescos y bebidas azucaradas, éste sea etiquetado para prevenir e investigar los temas de obesidad.

 

 

Reconoció que es un problema multifactorial en el que contribuye el consumo de bebidas azucaradas y refrescos. “No se trata de satanizar a las empresas refresqueras o de bebidas azucaradas porque dan trabajo a los mexicanos, pero sí es indispensable promover el autocuidado de los mexicanos”.

 

 

Reiteró la importancia de la educación para la salud y adelantó que presentará una iniciativa para incluir esta materia en el programa de educación básica, “para poner la primera piedra del autocuidado de nuestros niños”.

 

 

En su turno, Luis Manuel Encarnación, de la coalición de organizaciones “Contrapeso”, dijo que el gobierno federal y los legisladores deben trabajar políticas públicas para desincentivar los factores de riesgo relacionados con la obesidad, como el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

 

 

Durante un recorrido por la muestra, consideró que el impuesto al refresco no debe ser una medida asilada, porque es un problema multifactorial y las medidas fiscales, específicamente el impuesto al refresco, servirá para desincentivar su consumo.

 

 

Por otro lado, se pronunció porque haya recursos suficientes que se puedan utilizar para programas de prevención y acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos.

 

 

Se busca, dijo, mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los niveles de obesidad tan graves en México. Resaltó que actualmente 19 países han adoptado medidas fiscales a los refrescos y bebidas azucaradas.