La diputada del PAN en la Asamblea Legislativa, Olivia Garza de los Santos, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 220 del Código Penal local, para eliminar del catálogo de delitos graves el robo simple y quitar presión a los penales del Distrito Federal.
Esa iniciativa pretende que la cárcel sea la última opción para las personas que cometen robo simple por primera vez, y con ello contribuir a quitar presión a los penales de la capital del país hasta en 40 por ciento de la población, que es de casi 42 mil internos.
En rueda de prensa, destacó que esto sería para el caso de los primodelincuentes que se encarcelan por el robo de productos u objetos con valor de mil pesos a cinco mil pesos, quienes tendrían que pagar su falta con trabajo comunitario y multas.
La vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) refirió que en la ciudad de México hay aproximadamente 20 mil internos por el delito de robo simple sin agravantes, de los cuales seis mil cometieron robos por menos de mil pesos y 12 mil por robos que van de mil a seis mil pesos.
Es decir, hay un gran número de internos por el delito de robo, y desgraciadamente en un sistema penitenciario que no cuenta con un modelo de reinserción social se está profesionalizando el crimen organizado u otras conductas delictivas que aprenden al convivir con otros internos.
“Nosotros lo que estamos buscando es que (…) no haya reincidencia, que cuando este robo ocurra sin que exista alguno de los agravantes que establece el propio Código Penal, como violencia e intimidación en la acción que se está cometiendo”, dijo.
Agregó que la iniciativa propone que el robo simple se sancione proporcionalmente al agravio, es decir, que no se prive de la libertad al infractor, sino que paguen con trabajo comunitario, multas, y la restitución del daño a la víctima, y que la pena vaya en proporción al delito que se cometió.
La legisladora local resaltó que las cifras reflejan la necesidad de tomar medidas alternas para establecer penas alternativas y no saturar los penales con primodelincuentes.