Para despresurizar los reclusorios capitalinos que se encuentran rebasados en más del 100% de su capacidad, la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del DF presentará una iniciativa de ley que propone modificar las agravantes y calificativas del delito de robo del Código Penal.
Con ello, se busca privilegiar medidas alternativas a la privación de la libertad en los denominados robos de baja cuantía, es decir, menores a los 5 mil pesos.
La iniciativa pretende privilegiar las sanciones alternativas de la privación de la libertad, como el uso de brazaletes electrónicos, el arresto domiciliario, el trabajo comunitario, la reparación del daño y la conciliación de las partes en conflicto, entre otras modalidades de sanción.
Y es que, de acuerdo con el estudio realizado por la diputada Olivia Garza de los Santos, cerca del 50% de los 41 mil 832 personas están en cárceles por hurtos inferiores a los 5 mil pesos.
La propuesta busca beneficiar a reos sujetos a proceso que sean primo delincuentes, es decir, que no estén implicados en otros delitos y que el crimen no haya sido cometido con violencia o en pandilla.
Lo anterior forma parte de las conclusiones de un estudio a las cárceles del Distrito Federal, que servirá de base para la creación de la Ley General del Sistema Penitenciario, que será propuesta este día al Pleno de la ALDF.
Garza de los Santos aseguró que las modificaciones de las agravantes y calificativas al delito de robo serán una de las principales propuestas para despresurizar los penales; sin embargo, apuntó, estará sujeta a consideración de las autoridades competentes y expertos.
Como parte de las conclusiones sobre el diagnóstico penitenciario, se estableció que cada interno tiene un costo aproximado para la sociedad de 109.80 pesos, sin que haya una garantía de lograr la reintegración, o un beneficio para la sociedad.
Para ello, se requieren diariamente, al menos, 4 millones 590 mil pesos para mantener el sistema penitenciario local.
Además que del total de la población penitenciaria, sólo 17 mil 451 (41.82%) se encuentran incorporados en actividades de trabajo; el resto, el 58.18%, no tiene una actividad productiva que los ayude a su readaptación social.
Como parte del proyecto, se solicitará mayor presupuesto al Tribunal Superior de Justicia del DF para sacar adelante la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, pues en la actualidad sólo hay dos impartidoras de justicia que se hacen cargo de analizar las libertades anticipadas de los internos y de otras figuras alternas de compurgación de pena.
De hecho, actualmente existen por lo menos 20 jueces aprobados y en espera de hacerse cargo de los nuevos juzgados de ejecución de sanciones que sean habilitados.
En dicho estudio penitenciario participaron representantes de la Secretaría de Gobierno, Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Asamblea Legislativa del DF; Comisión de Derechos Humanos local, quienes convergieron en hacer los cambios pertinentes a las agravantes y calificativas del robo.