La organización Amnistía Internacional (AI), exigió que las autoridades civiles de Tamaulipas, informen del paradero y garanticen la integridad física de tres personas, dos de ellas menores de edad, presuntamente víctimas de desaparición forzada, quienes habrían sido detenidas en retenes por supuestos elementos de la Marina en Nuevo Laredo.
En un pronunciamiento público, Amnistía advirtió que el gobierno federal tiene la obligación de enviar un mensaje claro de que la desaparición forzada es inaceptable, y por lo tanto se debe presentar cuanto antes con vida a las víctimas y consignar a los responsables ante autoridades civiles.
El primer caso ocurrió la madrugada del 29 de julio en un retén de Nuevo Laredo, donde José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura “N”, esta última, menor de edad, fueron detenidos y llevados presuntamente a un campamento de la Marina, en la Ciudad Deportiva de esa localidad fronteriza.
Aunque un familiar fue testigo de los hechos, cuando personas relacionadas con los detenidos se presentaron al lugar para pedir información, personal de Marina dijo que en el lugar no había detenidos.
Al día siguiente, en otro retén al sur de la misma ciudad, también supuestos marinos detuvieron en un retén a Raúl David “N”, de 17 años. Varios testigos, incluyendo a uno que lo conoce personalmente, vieron cómo el joven fue llevado en un vehículo con logotipo de la Marina, aunque hasta ahora no han declarado por miedo a represalias.
Las autoridades navales en Nuevo Laredo han rechazado la versión sin que a la fecha proporcionen cualquier otra información sobre los hechos o sobre sus paraderos actuales.
En ese sentido, Amnistía Internacional exigió una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluya visitas a los campamentos e instalaciones de Marina, al tiempo de garantizar la integridad física de familiares y testigos.
“La presunta desaparición forzada de José Martínez, Diana y Raúl es una muestra más de la gravedad y persistencia de la desaparición de personas en México, ya sea por parte de actores estatales o por el crimen organizado”, expuso el organismo internacional de derechos humanos.
En su texto, AI indica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó estas desapariciones forzadas y recomendó una investigación completa, pero el paradero de las víctimas permanece desconocido y los responsables continúan en la impunidad.