La pena para los responsables del derrame de melaza en la presa El Hurtado, en Jalisco, puede ser de uno a nueve años de prisión, aunque con derecho a fianza, según lo establece el artículo 416 del código penal.

 

El abogado Gabriel Calvillo, uno de los precursores de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, explicó a 24 HORAS queel artículo 194 de dicho código establece que “la única razón por la que no se alcanzaría fianza es si se afectara un área natural protegida”, que no es el caso de la presa de Jalisco, según confirmó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La noche del miércoles el Ayuntamiento de Tlajomulco señaló a Jesús García Villaseñor y Roberto Uribe Cortez como los presuntos responsables del derrame que provocó la muerte de 500 toneladas de peces. Esto, no obstante que unas horas y a una pregunta de este diario el alcalde Ismael del Toro declinó dar los nombres con el argumento de que había una investigación en curso.

 

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Semadet) de Jalisco, Magdalena Ruiz, aclaró en entrevista telefónica que la dependencia a su cargo, en conjunto con  otras instancias estatales y federales, integra un expediente para sustentar las denuncias penal y administrativa en contra de los presuntos responsables del ecocidio.

Aunque la funcionaria se reservó los nombres de los implicados hasta concluir la investigación, dijo que además de la multa por 1.5 millones de pesos impuesta por el Ayuntamiento de Tlajomulco, el gobierno estatal impondrá otra por un monto similar, a la que se sumarán la sanción económica y la reparación del daño que deberá imponer la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

 

El abogado Gabriel Calvillo subrayó que al tratarse de una presa federal es la Conagua la instancia responsable de determinar la sanción administrativa a los responsables, la cual consiste en la reparación del daño.

 

Además de las penas económicas por parte de los tres órdenes de gobierno, los pescadores, habitantes y trabajadores de la zona pueden presentar una demanda ante un juez civil contra los responsables del desastre ecológico por daños y perjuicios ocasionados, agregó Calvillo.

 

SEÑALAN A TLAJOMULCO

 

 

De acuerdo con la Semadet, el Ayuntamiento de Tlajomulco fue informado desde el 25 de junio de la presencia de melaza en un arroyo que desemboca en la presa El Hurtado; al respecto, el alcalde aseguró que recibió la denuncia el fin de semana pasado.

 

Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación de oficio por posibles omisiones de parte de las autoridades en el desastre ambiental.

 

Sobre este punto, Gabriel Calvillo mencionó que con base en el artículo 117 del código penal todo servidor público que tenga conocimiento de un posible delito ambiental está obligado a denunciarlo de forma inmediata.

 

“Si las autoridades supieron del riesgo del derrame y no hicieron nada, esa omisión violó el derecho humano a garantizar un medio ambiente sano, plasmado en la Constitución, lo que conduciría a que la CNDH emita una recomendación para que, además de garantizar el reparo del daño ambiental, se inicie un proceso de responsabilidad contra los implicados”.