Hay una percepción bastante generalizada entre los ciudadanos acerca de que nuestros gobiernos -en el nivel federal, estatal y municipal- son corruptos. De hecho, 97% de los ciudadanos encuestados por INEGI dice que sancionar a los funcionarios públicos corruptos favorecería el resultado de los trámites que realizan y la calidad de los servicios públicos que reciben. El resultado es abrumador porque ambas cuestiones -trámites y servicios públicos- son, al final, el punto de encuentro cotidiano entre los ciudadanos y sus gobiernos.
Una percepción ciudadana sobre la corrupción en las burocracias que se corrobora de alguna manera con los resultados que arroja el índice 2012 de percepción sobre la corrupción que publicó Transparencia Internacional y en la que México se colocó en el lugar 105 de 174 países, con una nota reprobatoria de 34 sobre 100.
Pero es el municipio el gobierno inmediato con el que hace contacto diariamente el ciudadano, desde el policía de tránsito, hasta quien expide licencias sanitarias, o el funcionario de la ventanilla que hace los cobros del impuesto predial.
Pues bien. El 82.4% de los ciudadanos dijo que la percepción sobre el grado de ocurrencia de prácticas de corrupción en los municipios o delegaciones del Distrito Federal es frecuente o muy frecuente, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que difundió INEGI el año pasado. No hay duda entonces que existe una fuerte percepción ciudadana sobre la corrupción en los municipios, tal y como lo dijo ayer Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien -incluso- aseguró que alrededor de 50% de los trámites que se realizan a nivel municipal conlleva sobornos a los funcionarios públicos. No sabemos en qué basa el dirigente empresarial esta cifra, pero con datos de 2010 Transparencia Mexicana publicó un estudio (Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno) en el que aseguraba que en 10.3 ocasiones, de 100 en que se realizó un trámite o accedió a un servicio público, los hogares tuvieron que dar un soborno o una “mordida”, como se dice coloquialmente, al funcionario público en turno.
Pero más allá de la polémica acerca de un dato difícil de precisar con una encuesta -y que, por lo tanto, se presta a usos diversos- lo que sí parece quedar mucho más claro son los problemas que enfrentan los ciudadanos en los gobiernos locales para realizar un trámite o para obtener un servicio y que derivan en actos de corrupción.
Los dos mayores problemas que identifica la encuesta de INEGI son las barreras al trámite (77.1%) y las asimetrías de información (47.7%). Las primeras tienen que ver con requisitos excesivos y las segundas con la falta de información al ciudadano, ambas derivadas de la opacidad y discrecionalidad con la que los gobiernos municipales y delegacionales establecen y operan los trámites y los servicios que prestan al ciudadano.
Y es que la corrupción se incentiva en ambientes no transparentes en los que se encuentran la mayor parte de los municipios del país. Pocos municipios cuentan con portales de internet, mucho menos con información clara y precisa sobre los trámites a realizar y son escasos los que ofrecen sistemas de pagos automatizados.
No habrá una reducción significativa de la corrupción municipal sin una presión creciente sobre mayor transparencia en los municipios, cuestión que no puede dejarse de lado cuando este domingo se elija a 930 alcaldes en todo el país.