En los últimos seis años, la guerra contra el narcotráfico ha dejado al descubierto la desventaja de las corporaciones policiacas, principalmente estatales y municipales, para combatir con eficacia al crimen organizado. Entre los principales motivos se encuentra la falta de capacitación, los bajos salarios y la falta de armamento suficiente para hacer frente al sofisticado arsenal con el que cuentan los cárteles del narcotráfico, el cual incluye lanzacohetes portátiles RPG-7 y lanzagranadas AGS-17, de reciente incautación.

 

En este sentido, en agosto de 2010, el General Brigadier y Comandante del Primer Batallón de Materiales de Guerra, Erasto Monsiváis Pinedo, reconoció que a partir del sexenio de Felipe Calderón, “las organizaciones de la delincuencia organizada y el narcotráfico se abastecieron con armas más sofisticadas que las que posee el Ejército mexicano”.

 

Por otra parte, informes tanto de la Sedena como del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, destacan que “entre las armas predilectas del narcotráfico se encuentran fusiles de asalto AK-47, AR-15, metralletas Barret calibre 50, lanzagranadas, pistolas FN57 -conocidas como mata policías-, cartuchos con punta de teflón, lanzacohetes y minas antipersona”.

 

De acuerdo con el reporte sexenal de la Sedena, entre 2006 y 2012 se decomisaron 123 mil 783 armas al crimen organizado, cifra que equivale a 60 armas incautadas por día; así como 10 mil granadas de fragmentación y 751 mil 823 cartuchos. Asimismo, el informe detalló que el mayor número de confiscaciones se dio en 2011, cuando los militares quitaron 32 mil 499 piezas al narcotráfico, indicando que las entidades en las que se aseguró el mayor número fueron: Baja California, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y el Distrito Federal.

 

No obstante, el propio General Monsiváis Pinedo informó que el 95% de las armas confiscadas al crimen organizado son destruidas y que sólo el 5% de éstas son utilizadas para adiestramiento militar, para exhibirlas en el Museo del Narcotráfico por su valor histórico o, bien, para ser destinadas a investigaciones científicas. Esto, a pesar de que en 2012, el investigador Edgardo Buscaglia señaló que el 71.5% de los municipios del país se encontraban bajo el control del crimen organizado, cifra equiparable a los niveles de conflicto armado que se viven en África.

 

Asimismo, se han registrado cambios en la dinámica de incautación de armamento, ya que en octubre de 2012, la PGR señaló que en 2006, el 41% de las 4 mil armas aseguradas eran armas cortas; sin embargo, 5 años después, en 2011, el 65% de las casi 33 mil armas decomisadas fueron rifles y armas largas.

 

En este contexto, conviene recordar que en el marco de la lucha contra el narcotráfico, los cárteles han ejercido un grado de intimidación tal hacia los elementos policiacos estatales y municipales, en función de su bajo potencial de armamento y en plena conciencia de su incapacidad para enfrentarlos. Es así que se han registrado centenas de ataques en contra de los cuarteles policiacos, principalmente en el norte del país, en los cuales la única acción posible para los uniformados es replegarse en sus instalaciones y esperar a que el ataque cese.

 

Y es que en municipios como Juchipila, Zacatecas, cerca de 300 sicarios tomaron el pueblo para “limpiar de zetas” esa región, advirtiendo a los policías municipales y ministeriales no interferir en la operación. Por ello, agentes y funcionarios decidieron mantenerse resguardados, mientras que los habitantes no salieron de sus casas ni abrieron negocios y escuelas.

 

Otro ejemplo de este fenómeno fue lo sucedido en Ciudad Juárez, cuando en enero de 2012 la Secretaría de Seguridad Pública dio la orden de que más de dos mil policías fueran acuartelados en hoteles y estaciones policiales para evitar que el crimen organizado los “cazara”. Esta medida se tomó a unos días de que el nuevo Cártel de Juárez amenazara al jefe de la Policía municipal, Julián Leyzaola, con matar a un agente por día debido a su estrategia de combate contra las organizaciones de narcotraficantes.

 

En contraste, existen casos en los que a pesar de la desventaja numérica y de armamento, los policías hacen frente a los ataques o emboscadas. Al respecto, en agosto de 2012 un policía municipal de Magdalena, Jalisco, relató a un diario local que durante un enfrentamiento se acabó cuatro cargadores de ‘R’ (AR-15, calibre .223) de 90 tiros cada uno y no les hizo nada, y agregó que los sicarios se desplazaban en “trocas bien blindadas” y los atacaron con “puro ‘cuerno de chivo’ (AK-47, calibre 7.62)”. Nosotros ya estábamos como a unos 100 metros de llegar para rescatar a los compañeros y desde ahí nos daban (de balazos). Los correteamos y después nos regresamos para auxiliarlos, pero el comandante y los otros dos compañeros ya estaban muertos”, finalizó.

 

Un informe publicado el año pasado por la SSP reveló que de diciembre de 2006 a junio de 2011 fallecieron 2 mil 886 policías, de los cuáles mil 296 eran municipales (que representan 45% del total), 963 estatales (33%) y 627 federales (apenas el 22%). De igual forma, la Organización Panamericana de la Salud advirtió en septiembre de ese año que, cada 24 horas, la violencia en México cobró la vida de 50 personas y a otras 100 las dejó con alguna discapacidad.

 

Por ello, ante la disparidad existente entre el armamento de las fuerzas policiales y el usado por el narcotráfico, el Gobierno federal y la Sedena deberían considerar como una alternativa, la regulación del uso de las armas decomisadas al crimen organizado y entregarlas a la autoridad correspondiente, esto en aras de fortalecer la capacidad gubernamental de combate a la delincuencia, ya que emplearlas correctamente, representaría un factor de equilibrio para el equipamiento de las policías.

 

*Presidente de Educación y Formación con Valores A.C. y Analista en temas de Seguridad, Educación y Justicia

 

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