Por mucho tiempo se ha dicho que los gobiernos estatales son verdaderos virreinatos modernos sustentados en una enorme autonomía, con una gran capacidad operativo-electoral, y con una amplia chequera proveniente del gobierno federal.
A lo anterior solo falta agregar que estos modernos virreyes mexicanos se mueven a placer gracias a la opacidad y a la exigua rendición de cuentas que ellos mismos se han construido en sus ámbitos locales. El caso de la desaparición de miles de millones de pesos de las arcas públicas de Tabasco durante la gestión del ex gobernador Andrés Granier Melo, es solo uno más de las decenas de casos de estos modernos virreyes que han hecho del ejercicio del poder local, un asunto de derecho particular y privado.
Lo es a tal grado que los ciudadanos sabemos de sus reales acciones, no durante el ejercicio de sus gobiernos, sino una vez que han dejado el poder; y eso si acaso sus enemigos políticos –dentro y fuera de sus partidos- se han encargado de desnudarlos.
Mucho menos se conocen a ciencia cierta las cifras reales sobre el uso y destino preciso de los recursos públicos que se ejercen durante sus gobiernos. El caso que ahora ilustra con mayor claridad este manejo impúdico del dinero público es el de las deudas estatales.
Nadie sabe a cuánto asciende realmente la totalidad de las deudas que han contraído estos virreyes, nadie lo sabe a ciencia cierta. La secretaría de Hacienda del gobierno federal tiene su propia cuenta de más de 436 mil millones de pesos, mientras que uno de sus órganos reguladores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya sentenció que el saldo de estas deudas apenas rebasan los 376 mil millones de pesos. El senador Mario Delgado había dicho en los medios de comunicación que este saldo casi alcanzaba el billón de pesos según sus propias sumas y restas, sin embargo después corrigió para aceptar las cifras de la CNBV como buenas. El Banco de México no ha dicho ni pío al respecto, mientras que la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, de la que esperaríamos una respuesta seria sobre el asunto, se mantiene callada para concentrarse únicamente en aquello que les unió a los gobernadores: pedir más y más recursos al gobierno federal. El caso es que la ignorancia generalizada sobre el real endeudamiento de los gobiernos locales desnuda los enormes incentivos que se esconden detrás de la construcción de estos virreinatos de la política nacional.
¿A cuánto ascienden realmente las deudas bancarias y no bancarias de corto y largo plazo contraídas por los gobiernos estatales y municipales? En realidad es una pregunta de fácil respuesta si los gobiernos locales fueran exigidos a rendir informes periódicos sobre el estado de sus finanzas públicas, a someterse a auditorías ciudadanas, y si la entrega de los recursos federales dependiera de la exigencia de ese nivel de transparencia.
Pero me temo que las recién aprobadas reformas para regular las deudas estatales en el Senado, no corrige a fondo estos incentivos que alientan la opacidad y la falta de rendición de cuentas en los modernos virreinatos mexicanos.
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