El poder sin límites ni contrapesos que llegaron a tener varios gobernadores del país, en los 12 años de gobiernos del PAN, parece estar llegando a su fin. El dispendio en el uso de los recursos públicos, la falta de fiscalización y supervisión en el uso del presupuesto federal, el endeudamiento irresponsable del estado y una autoridad casi total y sin equilibrios locales ni federales fueron parte del comportamiento que conocimos los mexicanos de la mayoría de los 31 gobernadores del país en los últimos años, en los que se llegó a comparar la figura de los mandatarios estatales, sin distingo de partidos, con la de virreyes absolutos en sus entidades federativas.

 

Pero hoy las cosas parecen estar cambiando. Primero, los escándalos por las deudas excesivas de varios gobiernos estatales (que tuvieron como caso emblemático el llamado “moreirazo” en Coahuila); luego, las investigaciones y reportes de saqueos y corrupción en las gestiones de algunos mandatarios sujetos a investigaciones federales, y finalmente, la presión social por la violencia en varios estados, hicieron que los mandatarios locales salieran de su zona de confort y entraran en una dinámica de mayor presión política y vigilancia de la opinión pública.

 

¿Tuvo algo que ver en este cambio de actitud, aún parcial de los gobernadores, el regreso de un poder presidencial fuerte, como el que ha construido hasta ahora Enrique Peña Nieto? Seguramente sí. En el caso de los 21 gobernadores del PRI, la mayoría del país, ocurrió que, fieles a su tradición histórica de sometimiento al poder presidencial, los priistas se alinearon rápidamente a la nueva directriz presidencial.

 

Luego vinieron los llamados de Peña Nieto a la transparencia, a la rendición de cuentas y los mensajes contundentes de combate a la corrupción -particularmente el caso Elba Esther Gordillo y las investigaciones federales abiertas contra el priista Andrés Granier en Tabasco-, que hicieron la parte complementaria y los mandatarios tricolores entendieron los mensajes. Hoy varios gobernadores priistas han puesto sus barbas a remojar y revisan, desde el tema de sus deudas, hasta modificaciones en el manejo de los recursos federales, fortaleciendo sus sistemas de fiscalización interna.

 

En el caso de los gobernadores de la oposición (11 entre el PAN, el PRD y las coaliciones entre ambos) la lógica política es distinta. Aunque varios de ellos provienen del PRI, en la mayoría no opera el “alineamiento” automático que sí ocurrió entre los priistas. Sin embargo, políticos al fin, también los mandatarios opositores han leído los mensajes políticos enviados desde Los Pinos y hasta ahora no se sabe de ningún caso de algún gobernador que haya tomado una posición rebelde frente a las directrices marcadas por el Gobierno federal.

 

¿Es lo más sano que los gobernadores se sometan de nuevo, como ocurrió históricamente en México, al poder del Presidente? Quizás no, pero entre el extremo del viejo régimen, en el que se ponían y quitaban gobernadores desde Los Pinos, y la “borrachera” de los virreyes que malversaron el sentido de la autonomía estatal, al país le urge encontrar un equilibrio con apego a lo que siempre ha dicho la Constitución: los estados de la federación son soberanos y autónomos; sólo que para llegar a eso se requiere de gobernantes profesionales, que entiendan y practiquen el verdadero sentido del federalismo, y la transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

 

Por lo pronto, la pregunta sigue en el aire: ¿Se acabaron ya los virreyes en los estados del país?

 

NOTAS INDISCRETAS… Hay reportes de inteligencia que confirman que entre las adhesiones que está recibiendo la CETEG no sólo están los grupos de autodefensa que ayer burlaron los retenes del Ejército mexicano y entraron armados a la capital estatal, Chilpancingo, sino que incluso la guerrilla del EPR ya ofreció su apoyo al movimiento magisterial y decidió sumarse a la “lucha popular” en Guerrero.  Lo dicho: el coctel radical está tomando forma y la tensión aumenta…Se baten los dados. Otra escalera.