El presidente Enrique Peña Nieto envió este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a diversas leyes para endurecer las sanciones a quienes practiquen el terrorismo y su financiamiento.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio entrada a la propuesta del Ejecutivo federal y se turnó a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados.
En la iniciativa se proponen cambios al Código Penal Federal, a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de imponer hasta 60 años de prisión a quien cometa actos terroristas.
Se plantea la aplicación de hasta 40 años de cárcel a quienes realicen acciones de financiamiento del terrorismo (aportar o recaudar fondos), así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que dicha sanción aplicará a quienes realicen actos para financiar terrorismo nacional, internacional, sabotaje, ataque a las vías de comunicación y robo de combustible.
De igual forma se pide endurecer las penas que aplican por terrorismo internacional, incluso cuando se trate de una amenaza.
No se considera terrorismo nacional e internacional a las manifestaciones de grupos sociales que, en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional y sin atentar contra bienes jurídicos de personas, busquen presionar a la autoridad para que se tome una determinación sobre alguna demanda.
En el proyecto que el mandatario mexicano envió a la Comisión Permanente se prevén castigos por ataques a las vías de comunicación marítimas y se plantea el delito de robo de material radioactivo, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación.
En la exposición de motivos se argumenta que México está obligado a llevar a cabo la reforma pues es integrante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.