Siemens no tiene documentos o evidencias relativas a la supuesta entrega de dinero a un consultor, informó por escrito Peter Müller, el director jurídico y representante legal de la empresa alemana el 23 de junio de 2009, a las autoridades mexicanas.
Esa declaración es un fragmento de una carta que poseen los abogados de Conproca, el grupo formado por Siemens y SK, para sustentar su defensa legal en contra de las acusaciones de Petróleos Mexicanos contra ellos.
Como informó 24 HORAS, Pemex presentó el pasado 8 de mayo en Nueva York nuevas pruebas, entre las que se mencionan los testimonios de Müller, el ex representante legal de la firma alemana en México, quien asegura a las autoridades estadunidenses que Siemens pagó sobornos a funcionarios de la paraestatal.
De acuerdo a los nuevos documentos aportados por Pemex a la Corte de Nueva York en su demanda contra Siemens de Alemania y SK de Corea del Sur, se reveló la presunta participación directa de César Nava, cuando fue consejero general de la paraestatal en el gobierno de Vicente Fox, como facilitador de una “operación criminal” en la que se embarcaron las empresas multinacionales con la ayuda de ex funcionarios de la petrolera y un senador mexicano a quienes les pagaron 2.6 millones de dólares en sobornos a través del consultor externo de los alemanes, Jaime Camil.
El juez debe analizar los nuevos elementos que comprueban los supuestos ilícitos pagados por Conproca y determinar si la Corte procede con el juicio.
De acuerdo con fuentes de la paraestatal, el juez tenía hasta el día 23 de mayo para presentar una decisión sobre la demanda que Pemex presentó el pasado 14 de diciembre, sin embargo, afirmaron ayer que la Corte de Nueva York todavía no había emitido una declaración acerca de juicio.
La paraestatal confía en que las pruebas de supuestos actos ilícitos que presentó convencerán al juez, sostendrán el alegato y “demostrarán incluso por vía penal la responsabilidad de dicho consorcio en los actos de corrupción”.
Ayer 24 HORAS reveló que la paraestatal siguió al pie de la letra el plan que diseñó la firma de abogados estadunidense Maney & González-Félix para no pagarle a Conproca 500 mil millones de dólares.
El 16 de noviembre de 2012, Mark Maney y Miguel Ángel González Félix le enviaron un memorándum confidencial a Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Petróleos Mexicanos, en el que le dictaban los pasos a seguir para reducir sustancialmente el monto que la paraestatal le debe al consorcio.
Tras esas recomendaciones, Pemex decidió demandar el pasado 14 de diciembre a Conproca en la Corte del Distrito Sur del Estado de Nueva York.
La mexicana pide una compensación de más de 500 millones de dólares porque acusa que el consorcio formado por SK y Siemens sobornó a funcionarios de alto nivel de la paraestatal para obtener contratos millonarios, en este caso, el de la modernización de la refinería Héctor R. Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, Nuevo León.
Pemex basa sus acusaciones principalmente en una investigación de 2004, realizada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
La SEC reveló que Siemens pagó cerca de 2.6 millones de dólares a un “consultor con conexiones políticas” para ayudar a arreglar las acusaciones de sobreprecio en proyectos de modernización en refinerías en México.
Documentos en poder de este diario revelan que los abogados de Maney & González-Félix recomendaron en última instancia a Pemex buscar un testigo protegido que declarara en contra de Conproca, Siemens y SK.
“Aunque los pagos descritos en nuestro informe no están previstos directamente bajo alguna disposición de la ley mexicana que autorice a la protección de un testigo de corrupción -tal delito no es crimen organizado- la conducta de Siemens y Conproca también constituyó lavado de dinero, lo cual es un delito de crimen organizado. El informe narra la historia confesa de Siemens sobre la corrupción institucionalizada, incluyendo numerosos mecanismos para ocultar la transferencia de sobornos ilícitos. Siemens judicialmente confesó esta conducta. Los esfuerzos para ocultar los pagos, constituir el lavado de dinero, es un precedente para la protección de los testigos”, sugieren los abogados con sede en Houston.