León, Guanajuato.- El estrés de Aldo Macías se acumula al sonar su teléfono móvil. Contesta y alza la ceja. “Mi esposo no ha llegado desde hace dos días, alcalde, ¡ayúdeme!”, le suplica una de las 330 mil habitantes de Uruapan, Michoacán, uno de los estados más violentos de México.

 

-“¿Qué hago?”-, le pregunta Macías a sus colaboradores cercanos. La respuesta oficial es que vaya al Ministerio Público estatal y presente su denuncia. “Es lo único que podemos hacer los alcaldes”, se lamenta Macías, “véanme los ojos, siempre los traigo rojos”.

 

En Uruapan hay 500 policías y la infraestructura en materia de seguridad es insuficiente, admite Macías, representante en Michoacán de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) al visitar la Conferencia Anual de Municipios 2013.

 

“Es fácil señalar que las policías son corruptas, ven a un policía de Uruapan y piensan que es un ladrón, pero no es así”, afirma.

 

Aunque reconoce que los policías, que ganan en Uruapan entre ocho mil y 16 mil pesos mensuales, la mayoría de las veces no pasan los controles de confianza.

 

“Hay policías que llevan 20 años y no pasan los exámenes, entonces, los hacemos a un ladito porque si los echamos, no sabemos qué vayan hacer”, confiesa.

 

Ser alcalde en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. De 2012 a la fecha, el promedio anual es de 300 funcionarios municipales asesinados por el crimen organizado, entre ellos 34 alcaldes, según cifras de la Fenamm.

 

A esa realidad se debe añadir que unos 400 municipios de los dos mil 445 (16%) del país no cuentan con policías.

 

Don José García, hombre de botas de piel de víbora, cinto piteado y tejana, asegura que su municipio en Arteaga, Michoacán, “no es un foco rojo a pesar de que se dice que ahí se originaron gente de la gente de arriba, gente grande, de los mandos”.

 

Lo que sí admite es que “no tenemos el recurso ni la capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada”. Su municipio tiene 32 policías para 30 mil habitantes, con  sueldos de cinco mil pesos quincenales y el equipo de trabajo ya es obsoleto.

 

En Champotón, Campeche, la seguridad no es un problema grave. El alcalde priista José Luis Arjona comenta que el mando único ha sido la solución, pero destaca otro factor: “Todos somos hermanos de un solo color (PRI)”.

 

La alcalde priista de Tecash, Yucatán, Consuelo Navarrete asegura que la inseguridad es baja, pero la necesidad de recursos es alta. “Tenemos 90 policías para 50 mil ciudadanos y con tristeza reconozco que nos falta como gobierno mejorar las condiciones salariales”. Un policía en ese municipio gana mil 800 pesos a la quincena.

 

En Tijuana, otrora foco rojo por la inseguridad, los recursos han ido en aumento, pero aun cuando reciben 90 millones del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) no logran tener el ideal de uniformados para cuidar el municipio. “Hay dos mil 200 policías y necesitamos cuatro mil”, dice.

 

Afortunadamente, añade, no ha tenido ninguna amenaza en su contra. “Sólo nos han matado cuatro policías. En el trienio pasado fueron más de 40”. LUIS VELÁZQUEZ/ENVIADO