Una nueva batalla contra el Grupo Clarín es preparada por legisladores kirchneristas en Argentina, tras el intento fallido de Cristina Fernández, presidenta de aquel país, por obligar a la empresa medios a desprenderse de una parte de sus negocios audiovisuales.

 

Esta vez, 10 diputados favorecedores a la presidenta presentaron un proyecto que tiene como objetivo quitarle el control a Clarín de su compañía, Papel Prensa, la única fábrica de papel para periódicos de Argentina.

 

El proyecto prevé la expropiación del 24% de acciones que contempla el proyecto de ley; con lo que el Estado se convertiría en el socio mayoritario y su participación pasaría del 28% al 52%.

 

El suceso ha causado efervescencia, no solo en El Clarín, sino en todos los medios que se ven beneficiados por Papel Prensa, quienes consideran que más allá de las afectaciones al gigante de la comunicación argentina, significará un duro golpe para los medios medianos.

 

Papel Prensa pertenece en un 49% al Grupo Clarín y en un 22% al periódico La Nación, también crítico del kirchnerismo.

 

Una parte menor de los periódicos argentinos es abastecida con importaciones de papel, pero están sometidas a cupos, al igual que muchas de las compras de productos extranjeros en Argentina, bajo el argumento de preservar la industria local y evitar la salida de divisas.

 

“Resulta hartamente evidente que Papel Prensa se dedica a una empresa monopólica como es la producción de un insumo para la fabricación del papel de diario”, escribió, mientras tanto, en el proyecto de ley el diputado Carlos Kunkel.

 

Ese fue el argumento del bloque kirchnerista para arrancar el proyecto, que no salió bien librado ante las críticas de la oposición, quienes tildaron la medida como una acto de persecución, que se enmarca en la contienda que el Gobierno mantiene con Clarín.

 

La expropiación de Papel Prensa tendrá su turno de discusión en el congreso argentino una vez que se apruebe el último de los seis proyectos de la reforma judicial que impulsa Fernández de Kirchner, y la no menos polémica amnistía fiscal. (Con información de El País.)