A unos meses de que inicie la discusión de las reformas fiscal y energética en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere cobrar un impuesto a alimentos y medicinas, así como realizar cambios a la Constitución para permitir la entrada de inversión extranjera privada a Petróleos Mexicanos (Pemex).
“El presupuesto depende del petróleo, esto sucede cuando hay ausencia de una reforma energética, y el sistema fiscal debe ser eficiente al eliminar los beneficios fiscales”, afirmó Pier Carlo Padoan, economista en jefe del organismo internacional.
“México no tiene tiempo que perder para aumentar el estándar de vida de todos los mexicanos, por lo cual se requiere aprobar las reformas”, afirmó el experto durante presentación de los Estudios Económicos de la OCDE México.
“Algunas de estas reformas son las que ha recomendado la OCDE hace algún tiempo, como la de telecomunicaciones, educativa, así como hacer que los gobiernos locales sean responsables”, detalló Padoan.
El especialista felicitó al gobierno mexicano por la visión política y por la creación del Pacto por México, debido a que se habla de ellos en todo el mundo.
Ayer 24 HORAS informó que José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, considera que la reformas planteadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto han creado optimismo por el futuro de México.
“Si dependemos del tema del petróleo, entonces vamos a tener una gran vulnerabilidad. Lo que queremos es obtener un sistema fiscal normal, que nos permita liberar al petróleo del peso que hoy representa o de la contribución que tiene que hacer a los totales y permitirle que use más de sus propios ingresos para el crecimiento y desarrollo de la propia industria de la energía”, dijo Gurría en una entrevista.
El mexicano encargado de dirigir al organismo multinacional afirmó que las reformas fiscal y energética que serán presentadas en los próximos meses permitirán liberar a la paraestatal de la carga “enorme” que tiene de representar para el Estado cerca de dos tercios de sus ingresos, “lo cual le genera a Pemex pérdidas artificiales que obviamente no reflejan su propia actividad.
“Pemex enfrenta un gobierno corporativo complejo y desafíos operativos, incluida la baja productividad laboral. Como consecuencia de ello, tres de sus cuatro filiales tienen grandes y persistentes pérdidas financiera”, advierte el documento presentado por la OCDE.
El texto recuerda que la reforma energética de 2008 no modificó los principios constitucionales que afectan a Pemex, pero permitió los cambios legales y estructurales, así como mayor autonomía y flexibilidad con respecto a los modelos de contrato, cierto éxito.
“Sin embargo, las reformas deben llevarse más lejos, incluso a través de una enmienda constitucional que permita compartir los riesgos y los beneficios con el sector privado”, expuso.
“Recientemente se realizó un cambio en los estatutos del partido gobernante (PRI), para permitir a sus legisladores apoyar una reforma energética que posibilite una mayor colaboración con sector privado, incluidas asociaciones con empresas petroleras, extranjeras y a la vez mantenga a Pemex bajo control de Estado”.
A favor del IVA
“El sistema fiscal de México se fundamenta en una base impositiva muy estrecha y los ingresos fiscales son bajos en relación con muchos otros países, a pesar de que las tasas impositivas legales no son menores que otros países de la OCDE”, señaló.
Los gastos tributarios son extensos, por ejemplo hay una tasa cero para alimentos y medianas y otras exenciones, como los servicios educativos y médicos, así como tarifas reducidas en la frontera.
“Las reformas podrían comenzar con la eliminación de las lagunas potenciales, tales como la tasa de frontera, así como se debería volver a examinar la canasta de productos que tienen tasa cero o serán exentos, ya que los objetivos sociales se atienden mejor a través de transferencias directas”.
Los mayores recursos que se capten por el cobro del IVA servirán para que el gobierno tenga más recursos y puedan ser canalizados a los programas contra la pobreza, afirmó Sean Dougherty, economista senior del organismo internacional.