El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, dijo hoy que prosigue una investigación sobre el caso de un empresario sospechoso y vinculado al préstamo de una aeronave, conocida como el “avión de la vergüenza”, a la presidenta Laura Chinchilla que causó una renuncia ministerial.

 

El ministro de Comunicación de la Presidencia, Francisco Chacón, renunció la víspera tras confirmarse riesgos para la seguridad de Chinchilla, quien viajó un par de veces fuera del país en la aeronave prestada por una firma canadiense a través de Gabriel O´Falan.

 

El nombre verdadero de O´Falan fue establecido en medio del escándalo como Gabriel Morales Fallón, un sospechoso de narcotráfico en Colombia.

 

En declaraciones a la costarricense Radio ADN, Chavarría dijo que mantienen comunicación con autoridades de Colombia para establecer los vínculos eventualmente criminales de Morales Fallón con el narcotráfico en el país sudamericano.

 

Versiones periodísticas dijeron que Morales Fallón fue investigado en Colombia por nexos con un narcotraficante.

 

La FGR recibió un informe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Dis) costarricense sobre las pesquisas en torno a Morales Fallón hace un par de años, dijo Chavarría.

 

Morales Fallón está involucrado en el caso del avión que la empresa petrolera canadiense THX Energy prestó este año al gobierno de Costa Rica para dos viajes de Chinchilla al exterior, entre ellos uno a Venezuela y otro a Perú.

 

Chavarría dijo que Colombia evalúa rutas financieras tras detectarse una pista sobre la presunta vinculación de Morales Fallón y un narcotraficante colombiano.

 

“Colombia está haciendo todo el chequeo financiero”, indicó el fiscal costarricense.

 

Agregó que se trata de un caso “complejo” porque el narcotráfico y el crimen organizado penetran “el control financiero, el control político, el control institucional, entonces, las autoridades duran su tiempo para poder ya esclarecer el caso”.

 

Chavarría y el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mauricio Boraschi, coincidieron hoy en declaraciones por separado a ADN, en señalar que el avión fue gestionado por personal presidencial sin la necesaria consulta de seguridad.

 

“Se debió haber informado sobre el uso del avión, y, de inmediato, hubiera habido respuesta”, dijo el fiscal.

 

Dijo que “toda la información” sobre la aeronave “estaba a disposición de las autoridades de Casa Presidencial”, pero no se llevó a cabo la consulta a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, puntualizó.

 

Admitió que el “tema” es la seguridad de Chinchilla, en donde hay un protocolo que “todos los contactos, citas, de la presidenta ?o cualquier presidente de un país-, pasan por un chequeo de seguridad”.

 

Reveló que “no hubo la línea de comunicación, del personal de confianza de la presidenta con la Dis”, al admitir que “ese canal de comunicación, que tiene que ser fluido, falló”.

 

“Yo creo que es una falla humana”, porque “me parece que la estructuración de la seguridad de la presidenta está adecuada a los requerimientos modernos”, consideró.

 

La Presidencia costarricense dijo en un comunicado anoche que Chinchilla ordenará una serie de acciones para evitar riesgos de seguridad.

 

Chinchilla se manifestó anoche indignada por el engaño al renunciante Chacón.

 

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