Aunque a las cárceles mexicanas se llaman oficialmente Centros de Readaptación Social, en la realidad ni readaptan, ni desintoxican de adicciones y ni siquiera les enseñan un oficio al que dedicarse tras salir de prisión.
Un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que son alrededor de 230 mil reos en todo el país, de ellos apenas el 34.8 por ciento participa en al menos una de las cinco actividades que conforman el procedimiento de readaptación.
Esta situación es sustancial si se toma en cuenta que la mayoría de la población penitenciaria son personas que, por primera vez, cometieron un delito o que no son considerados de alta peligrosidad o que están en posibilidades de ser readaptados. Y casi la mitad ni siquiera ha recibido sentencia.
Los problemas no terminan ahí, pues a la sobrepoblación de las cárceles y bajas condiciones de readaptación, se suma a que no hay garantías de que los 31 mil internos federales, recluidos en penales locales, estén separados correctamente del resto de los reos. Incluso, en 4 de los 12 reclusorios federales tampoco hay división entre reos peligrosos y los que no lo son.
En su análisis, la ASF advierte, además, que participar en alguna de las actividades de readaptación social tampoco garantiza que la persona deje de delinquir, debido a que no hay un seguimiento adecuado de autoridades penitenciarias federales o estatales una vez que el reo recupera su libertad.
“Las limitaciones en la clasificación y separación de la población penitenciaria, la falta de incentivos para la participación de los internos en actividades para la reinserción y la oferta incompleta de éstas por parte de los centros de reclusión federales y estatales, no permiten culminar el proceso de reinserción social de los sentenciados cuando son puestos en libertad, lo que abre la puerta a la reincidencia delictiva”, acusa la ASF.
Casi cien mil sin sentencia
Los números revelados por la Auditoría, correspondientes a la auditoría de desempeño del Sistema Nacional Penitenciario, indican que del total de los 230 mil 943 personas que estaban en prisión en 2011, un total de 183 mil 127 fueron acusados de delitos del fuero común y 47 mil 816 corresponden al fuero federal.
De ese total, el 50.7 por ciento, que equivale 117 mil 159 reclusos, están en la cárcel por primera vez, y que el 20.7 por ciento son reincidentes.
Respecto a la clasificación del riesgo que representa cada interno, el 35.4 por ciento son de baja peligrosidad y 37.5 por ciento son de media, el 8.1 por ciento son de alta y en el 19 por ciento no se informó.
Otro dato que destacan los auditores es que 99 mil 730 personas están recluidas en la cárcel sin que aún hayan recibido sentencia por el delito que presuntamente cometieron.
La ASF advierte que de acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades penitenciarias, de los 12 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), apenas dos de ellos separaron a los reos tomando en cuenta las tres variantes anteriores, en tanto que cuatro ni siquiera hicieron división alguna de internos.
Pobre atención
La Auditoría destaca que casi 7 de cada 10 internos no participa en alguna de las cinco actividades que marca la Constitución como mecanismos de readaptación, pero además detalla que la oferta en este sentido no es pareja.
Por ejemplo, ninguno de los 12 Ceferesos, que existían en 2011, ofreció de forma integral las cinco alternativas de readaptación y, en el mejor de los casos, ocho ofrecieron tres alternativas. Peor aún es que en 11 de los 12 penales no se impartieron tratamientos contra adicciones ni capacitación laboral.
Respecto a las cárceles estatales, el análisis advierte que solo 18 de las 32 entidades federativas, poco más de la mitad, tiene la oferta completa de readaptación social en sus penales.
A lo anterior se suma el problema de sobrepoblación penitenciaria: las cárceles estatales están rebasadas en un 25% a nivel nacional, y las federales en un 3%. 24 HORAS publicó en febrero pasado que, según cálculos federales, el hacinamiento durará al menos un cuarto de siglo más.
“La sobrepoblación desincentivó la concurrencia de los internos en actividades para la reinserción y, en consecuencia, disminuyó la capacidad del sistema penitenciario para reintegrar los sentenciados a la sociedad”, concluye la auditoría.
Datos
Total reos en México: 230,943
En readaptación: 80,368
Sin readaptación: 150,575
ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN
Actividades laborales 9.4%
Capacitación para el trabajo 1.6%
Actividades educativas 6.8%
Actividades de salud 3.1%
Actividades deportivas 13.9%
Ninguna 65.2%
Construyen cuatro Ceferesos más
El gobierno federal abrirá cinco centros penitenciarios federales, dos de ellos de máxima seguridad, y uno más femenil, adelantó a 24 HORAS Sara Elena Izazola Licea, directora general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad.
Ayer se inauguró el primero de ellos, el penal de máxima seguridad y alta tecnología en Oaxaca, habilitado con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y con una capacidad para albergar a mil 500 internos del fuero federal y de alta peligrosidad.
“Con la puesta en marcha del Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, estamos apoyando a 26 entidades federativas con la extracción, en conjunto, de mil 500 internos del fuero federal, lo que significará la despresurización de los penales locales”, dijo ayer Manuel Mondragón y Kalb, comisionado Nacional de Seguridad.
Estas nuevas instalaciones carcelarias, se informó, tuvieron un costo aproximado de cinco mil millones de pesos, están edificadas sobre una superficie de 117 hectáreas, con base en un contrato de prestaciones con la iniciativa privada que estuvo encargada de su construcción y será la responsable del mantenimiento de la infraestructura durante los próximos 20 años.
De acuerdo con la información recabada por este diario, el resto de las prisiones también serán construidas en coinversión financiera con la iniciativa privada, que recuperará su inversión a través de la administración de los servicios de alimentación, lavandería y mantenimiento de instalaciones, durante los mismos 20 años.
Las empresas privadas no intervendrán en las tareas de seguridad e inteligencia penitenciaria y administración de archivos de registro de internos.
Azazola Licea explicó que el resto de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) estarán ubicados en Chiapas, Michoacán, Durango y Morelos, en esta última entidad estará el de mujeres.
Estos Centros forman parte del proyecto de ocho prisiones federales anunciados durante la administración del presidente Felipe Calderón, de los cuales solo fueron entregados tres, que tendrían una inversión total de 32 mil 822 millones de pesos.
Al participar hace unos días Azazola Licea en el Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia, detalló que actualmente hay 242 mil internos en el país, de ellos 49 mil 620 son reos federales y 194 mil 332 del fuero común, distribuidos en 420 prisiones del país, así como en 15 Ceferesos. Del total de internos federales, 23 mil están en prisiones locales.
La funcionaria detalló que el 40 por ciento de la población penitenciaria actual está en prisión preventiva y el 60 por ciento son sentenciados.
Azazola Licea reconoció que no basta con construir más cárceles, sino hacer leyes modernas y con respeto a los derechos humanos, para privilegiar las medidas alternativas de internamiento, “esperanzados de que con las reformas y sistema adversarial lleguen rápidamente para poder trabajar en ello”.
SCJN: Los reos no deben pagar manutención
En votación unánime el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los reos del ámbito federal no deben pagar su manutención en el interior de la cárcel a través de descuentos en su salario por el trabajo penitenciario realizado.
Validó también el derecho de los internos sentenciados por el delito de delincuencia organizada u otros que requieran medidas especiales de seguridad, a realizar actividades y trabajos recreativos, deportivos, educativos, culturales y servicios de salud, que les ayuden a su readaptación social, al interpretar el artículo sexto de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Derivado de la acción de inconstitucionalidad 24/2012 interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, los 11 ministros de la Corte consideraron que el artículo 10 de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, promulgada en 1971, es inconstitucional, ya que estipula el cobro a los reos en penales federales para su manutención diaria, porque propicia un trato inequitativo, al permitir la existencia de condiciones diferentes e injustificadas entre los reos, con lo que se generan efectos negativos entre la población penitenciaria.
Dicho artículo estipula que el pago de la manutención de los presos “se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento”.
La Corte definió que es obligación de las autoridades penitenciarias a proveer, para todos los reclusos sin discriminación alguna, servicios públicos permanentes y adecuados, atención médica, condiciones de esparcimiento, trabajo, educación y estudio, así como alimentación, componentes del mínimo vital de las personas privadas de la libertad.